La Fiscalía provincial de Madrid ve «malversación, prevaricación y falsedad documental» en la adjudicación del contrato a la consultora de Gandia, Crespo Gomar SL por el ministerio del ramo cuando estaba dirigido por la socialista, Beatriz Corredor.

La Fiscalía ha tenido que pronunciarse de nuevo sobre la documentación remitida por el Juzgado de Instrucción 21 de València en la investigación sobre la presunta financiación irregular de dos partidos políticos en periodo electoral, en relación con gastos de campaña y de publicidad realizados con ocasión de las elecciones autonómicas y municipales en 2007» en las que estaría supuestamente implicada la empresa de comunicación Crespo Gomar, SL, y por lo que recibió «contratos públicos» como contraprestación.

Unas contrataciones en las que se han detectado «patentes irregularidades, que pudieron ser constitutivas de delito». En concreto, la Fiscalía provincial considera que los responsables del Ministerio de Vivienda podrían haber cometido «malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental».

Aunque la titular del Juzgado de Instrucción 24 de Madrid ha citado a declarar a tres funcionarios que formaron parte de la mesa de contratación sólo en relación a la malversación y prevaricación.

La Fiscalía realiza esta calificación inicial de los hechos, «sin perjuicio que a medida que avance la instrucción se pueda hacer una mejor calificación», a partir de, entre otros, un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) sobre el proceso de contratación que tuvo «una cronología «incoherente e imposible», según el interventor.

El contrato se licitó «bajo la forma de urgente, declarada por el director del gabinete de la ministra [Nicolás Mateos Queiruga]», aunque el interventor de la IGAE añade que «más que una urgencia parece una imprevisión» ya que «el Plan de Vivienda 2009-2012 no es algo sobrevenido o improvisado».

De esta manera, el jefe de gabinete de la ministra Beatriz Corredor decide iniciar el concurso por la vía de urgencia de la campaña de comunicación del Plan de Vivienda el 14 de octubre de 2008, a pesar de que la entrada en vigor de la campaña de ayudas estaba previsto que comenzara el 1 de enero de 2009.

La tramitación se prolonga durante los últimos meses de 2008 y el contrato se adjudica el 29 de diciembre de 2008, aunque el plazo de entrega de la campaña que figura en el anuncio de licitación era el 31 de diciembre.