Hoy hace justo cinco meses que el patronato de Feria Valencia aprobó el nuevo modelo por el que se regirá la institución y lo cierto es que no ha habido ni una sola noticia que confirme que se está avanzando en su puesta en marcha. El primero de los pasos a dar es un decreto de la Generalitat por el que esta se hará cargo de la enorme deuda generada por las obras de ampliación. En concreto, 510,4 millones. Tal decreto sigue cocinándose en el Instituto Valenciano de Finanzas, cuyo director general, Manuel Illueca anunció en mayo que estaría listo para octubre. Veinte días le quedan por delante para cumplir.
El mismo tiempo que le queda a los gestores de la institución para desarrollar un plan estratégico que incluya un cuaderno de venta y un plan de negocio con una estimación «fiable» del capital mínimo a aportar por los socios a la empresa mixta en que se convertirá la institución. También redactará el pliego de condiciones para el diálogo competitivo con los operadores.
De momento, el presidente de la institución, José Vicente González, no ha establecido contacto alguno con los posibles operadores feriales interesados en entrar en su capital y aportarle negocio. No quiere que nadie le acuse de favorecer a unos sobre otros.
Las cuentas de la entidad de este año, con la parte sustancial de los ingresos y gastos ya consumada, da un respiro a todos, dado que están dentro de presupuestos y muy lejos de las pérdidas millonarias de ejercicios anteriores. Más bien tienden al equilibrio.
