El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán se ha negado este jueves a contestar preguntas sobre una de las operaciones relacionadas con el vaciamiento del grupo Marsans para evitar el pago a sus acreedores. El empresario, que ha aceptado cumplir una pena de cinco años y medio de prisión tras pactar con la Fiscalía, ha cortado las preguntas de las acusaciones particulares presentes en el juicio que se sigue en su contra. "Ya el último día he reconocido los hechos", ha dicho.
A pesar del acuerdo alcanzado, el juicio continúa para varios de los considerados responsables civiles subsidiarios que no se conformaron con el pacto y que intentarán evitar abonar las cantidades que les reclama el Ministerio Público.
Su postura no afecta a la pena pactada por el empresario y el 'liquidador' de empresas Ángel de Cabo, de cinco años y medio y cinco años de prisión respectivamente, y que implica el reconocimiento por su parte de la comisión de delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal. Otros nueve acusados, entre ellos el hijo de Díaz Ferrán y el número dos de De Cabo, Iván Losada, aceptaron también condenas menores.
La declaración del expresidente de la CEOE ha abierto la segunda jornada de la vista. El acusado, que mostraba al inicio una actitud colaboradora, ha cambiado de opinión ante las preguntas formuladas por el abogado de Melià, que le cuestionaba sobre una presunta venta ficticia de varias de sus propiedades a su hermano Manuel Díaz Ferrán.
"No le voy a contestar a más preguntas. Yo nunca he hecho una venta ficticia", ha espetado el empresario que, a partir de ese punto, se ha negado a seguir atendiendo a las acusaciones particulares. "Sólo responderé al Ministerio Fiscal y a su señoría", ha concretado. Ni el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, ni el fiscal Daniel Campos, han formulado preguntas.
La operación investigada es la adquisición por parte de Manuel Díaz Ferrán y el empresario Jamal Iglesias de locales, viviendas y hoteles que habían sido de Inversiones Grudisán, sociedad patrimonial de Díaz Ferrán. Las propiedades fueron transmitidas a una empresa controlada por De Cabo, Quatre Bras, y acabaron en manos de otra compañía, en este caso del hermano del empresario y del hotelero a un precio bajo.
Durante la vista y antes de que se cerrará en banda y se negara a seguir respondiendo, Díaz Ferrán ha aportado algunos detalles sobre esta transacción. Tras pedir a los abogados presentes en la sala que le hablaran en un tono alto --"estoy mal de los oídos y se me ha desconectado el audífono", ha dicho-- el acusado ha explicado que solía asesorar a su hermano en temas económicos ya que él sufre una enfermedad degenerativa.
"Efectivamente padece Parkinson desde hace años y esto le ha generado otros trastornos, mentales y de movilidad, de sueño... Por su estado, yo le aconsejaba y le llevaba sus temas económicos, es mi hermano pequeño", ha precisado.
Tras la venta de una empresa de transportes propiedad de ambos, Díaz Ferrán recomendó a Manuel que invirtiera la ganancia obtenida, 14 millones de euros, en la compra de varios inmuebles, a través de la intermediaria Gamad. No obstante, según ha reconocido, no le comunicó que esas viviendas y locales, seis en total, le habían pertenecido antes de que pasaran a manos de dos entidades bancarias que iban a sacarlas a subasta.
"En esos momentos no tenía la propiedad de esos inmuebles, el propietario real eran las entidades financieras, mi hermano no conocía mi relación anterior con ellas", ha detallado. Esta versión ha sido confirmada por Manuel Díaz Ferrán, que también ha prestado declaración acompañado de un asistente que aclaraba sus palabras, difíciles de entender a consecuencia de su enfermedad.
El hermano ha precisado que desconocía los detalles de la operación y que confiaba en la gente que le rodeaba. Ha añadido que en la actualidad no dispone de ningún capital y vive de sus amigos.
