La portavoz de Gobernación del grupo parlamentario popular Verónica Marcos preguntó ayer en el pleno de las Corts a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, por el proceso de adjudicación de los nuevos uniformes de la policía local de Torrent «a la empresa más cara, que no ganó por criterios objetivos y que ofrecía colores diferentes a los que marca el decreto autonómico».
En su turno de respuesta, la consellera Bravo aseguró que todos los ayuntamientos de la C. Valenciana «están obligados a cumplir las disposiciones legales» que refleja el decreto autonómico sobre uniformidad y apuntó que cuando Torrent «solicitó de forma extemporanea, una vez ya habían adjudicado el contrato, la autorización para el cambio la respuesta de la Dirección General de Seguridad fue negativa».
Marcos aseguró que se ha «incumplido el decreto autonómico y hay pruebas suficientes. Por eso el grupo popular de Torrent llevó el caso a la fiscalía» señaló. La diputada indicó que lo sucedido en este proceso «nos hace pensar que se sacó la licitación a medida de una empresa, que finalmente fue la adjudicataria». El coste de la reno de los uniformes se situó por encima de los 200.000 euros.
