El primer pronunciamiento preliminar de un organismo judicial de la UE sobre la legislación urbanística valenciana ha dado un respiro a la Generalitat. El equivalente al fiscal del Tribunal de Justicia europeo pide a los magistrados que desestimen la demanda de la Comisión Europea contra la LUV por presunto incumplimiento de dos directivas comunitarias y den así luz verde a la piedra angular del urbanismo autonómico: los polémicos programas de actuación integrada (PAI). La argumentación del letrado concluye que no contravienen normas, pero en ningún caso entra a valorar los efectos que la aplicación de esa figura ha tenido en realidad sobre el territorio. De hecho, en su informe advierte que el proceso judicial «de poco consuelo les va a servir» a quienes presentaron las denuncias ante Bruselas por diferentes motivos. Porque la Comisión sólo encontró argumentos para actuar judicialmente sobre la normativa de contratación pública.
Si el tribunal terminara por asumir —como todo indica que ocurrirá— esta recomendación, se trataría de una clara victoria del Consell en el ámbito jurídico. Pero las feroces críticas emanadas con regularidad del Parlamento Europeo pertenecen al ámbito político y ahí es posible que continúen las polémicas mientras los afectados por la ley autonómica presionen a los eurodiputados de sus respectivos países. En todo caso, la resolución del abogado general del tribunal no puede suponer dar carta blanca a los efectos perversos que se deriven de la ley. Como toda norma, su aplicación debería regirse por el interés y el sentido común.
