Ahora que parecen apagarse los tambores informativos sobre la crisis de las cajas de ahorros, sus impagos y la consiguiente conversión en bancos e intervención estatal creo que ha llegado el momento de exigir información al Gobierno y al Banco de España y abrir procesos penales contra quienes practicaron el cohecho, arruinaron a sus conciudadanos y están tratando de perpetuarse en sus privilegios e incluso incrementar sus ya indignantes sueldos. Estoy hablando, no lo duden, de las cajas de ahorros que en este país han medrado al abrigo de aparentes obras sociales y bajo el manto protector de los partidos políticos con representación parlamentaria.

No se ha explicado razonablemente ni se han dado datos de por qué la Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur y recientemente la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) han requerido la intervención estatal, con el consiguiente dolo a los contribuyentes, y lo peor es que no parece que nadie, ni la Fiscalía ni ningún colectivo están dispuestos a iniciar acciones judiciales. Es cierto que las cajas prestaron dinero a particulares sin ningún criterio, dejándose llevar por la escalada absurda de precios del sector inmobiliario. De esto doy fe, pues el cretino de director de mi sucursal de la BBK trató de convencerme para que ampliara el crédito de mi vivienda con el fin de incluir los gastos y hasta la adquisición de un vehículo. Pero no es menos cierto que la mayor cuantía de los impagos hay que buscarla en los constructores y especuladores inmobiliarios próximos a los partidos que conformaban los consejos de las cajas y de esto me encantaría que alguien exigiera datos en sede parlamentaria o los diera de oficio cuando se sanean instituciones privadas con dinero público.

Alguien podrá pensar que mis comentarios son excesivamente agrios e infundados, pero a ésos me gustaría recordarles las explicaciones que dio en su momento la CAM al bajo interés al que concedió un crédito a un político valenciano para adquirir su vivienda en la Castellana. Además, si lo mío son sospechas de mal pensado, lo mejor sería facilitar los datos de los impagos de las cajas para comprobar si son anónimos trabajadores en paro o constructoras y especuladores, de la órbita de los partidos mayoritarios, los que han provocado la crisis de las entidades.

Lo que más me indigna como ciudadano es que la pésima gestión de los consejos de administración de las cajas, llevada a cabo por los gestores designados por PP, PSOE e IU, quede sin investigar y que se corra el riesgo de elevar a tamaños incompetentes al estatus de altos ejecutivos de banca con salarios que escaparán a cualquier control público por tratarse de entidades privadas. En resumen, exijo como contribuyente y como ciudadano explicaciones, auditorías e investigaciones penales porque mal podremos atajar la crisis si cerramos los ojos al amiguismo, a la corrupción y a la incompetencia.