Los republicanos de EE UU abandonan su ambigüedad: Mitt Romney vira hacia la ultraderecha eligiendo al congresista del Tea Party Paul Ryan como su vicepresidente. Éste es un héroe de la derecha conservadora norteamericana, considerado el «líder intelectual del partido». Curioso candidato a la Casa Blanca que defiende que «nuestros derechos vienen de Dios, no del gobierno; Dios, pues, por encima del Estado». Se trata de un firme rechazo a los valores de la misma Revolución norteamericana y su época, la Ilustración, en la que la razón se emancipó de la fe y el pueblo se hizo con el poder del soberano; un proceso histórico que el Tea Party, junto con otros movimientos europeos de la derecha radical, ven como la causa fundamental de los males de este siglo ofreciendo su alternativa: la defensa de la comunidad nacional, el «anti-igualitarismo» y un mundo dominado por el maniqueísmo de razas o culturas. Un retroceso que la sociedad norteamericana y el mundo pueden pagar muy caro si los conservadores le arrebatan a Obama la presidencia en noviembre. Además, los republicanos moderados se han visto obligados por el extremismo del Tea Party a acatar y guardar silencio, situación similar a la europea con la derechización más absoluta de los partidos conservadores para ganar adeptos ante el auge de su sector más extremo. Y en España, ¿qué? Vivimos un viaje sin retorno al extremismo del PP mediante la destrucción de los pilares básicos del Estado de bienestar que rozan en muchos casos la propia dignidad del ser humano, distinguiendo por parte de sus dirigentes si se es nacional o extranjero como en el caso de la sanidad; solo faltaba la represión de la clase médica declarada insumisa por ayudar a los inmigrantes «sin papeles», o la sugerida por el señor Cotino mostrando las radiografías de los fetos a las presuntas abortistas Pero lo escandaloso es que el señor Fabra deja de garantizar la atención sanitaria a los inmigrantes conculcando su propia Ley de Integración y flotando en el ambiente una expectativa de negocio ante su previsible su privatización. No es ético. Sería aceptable que la sanidad pública valenciana se adaptase a la escasez de recursos, pero sin discriminaciones, ya que el derecho a la salud no está ligado a la ciudadanía o a la residencia legal sino a la condición de persona. Ahora va ser que aquí el PP se nos ha hecho ultraconservador y republicano.

?Investigadora en derechos humanos e inmigración. Universitat de València.