Nos hemos acostumbrado a que la gripe, así como otros períodos estacionales de repunte en urgencias, traigan consigo el colapso del sistema público de salud. En estos días, desde Levante-EMV se ha denunciado el colapso del hospital de referencia de la Comunitat Valenciana, donde los enfermos tienen que esperar entre 10 y 18 horas para ser atendidos, las camas inundan los pasillos desde hace tres semanas y existen esperas de más de 24 horas para formalizar un ingreso y obtener una cama libre. Parecía que fuera algo consustancial a la época invernal y que no dependía del diseño de una buena estrategia de gestión hospitalaria. Sin embargo, la denuncia realizada por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha venido a subrayar las graves carencias en las Urgencias españolas.

El informe Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes, es el primer estudio conjunto de todos los defensores del pueblo de España. Han participado profesionales de los servicios de urgencias, gestores y directores de centros hospitalarios, así como asociaciones de pacientes, todos ellos con el objetivo de analizar la realidad de los servicios y el impacto de su funcionamiento sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, concretamente de los pacientes. Tras la puesta en común de esas experiencias, las cuarenta conclusiones que se alcanzan en este trabajo hacen especial hincapié en tres grandes apartados: la falta de espacios físicos y medios materiales; insuficiente dotación de plantilla y profesionales especializados en atención urgente; deficiente previsión de los recursos ante demandas potenciales y cíclicas.

Esta realidad provoca que se eleve el peligro de riesgo de error humano, pero principalmente, lo que conlleva es un menoscabo en la dignidad de los pacientes, que ven vulnerados sus derechos más básicos a una adecuada atención hospitalaria, intimidad, confidencialidad y, en algunos supuestos, el derecho a una muerte digna. Sólo la excelente labor de todos y cada uno de los profesionales que están en urgencias consigue mitigar en parte este problema, pero la denuncia conjunta de los defensores del pueblo no puede dejarse en el cajón de cualquier despacho ministerial o consejería autonómica. Como ciudadanos, y esa debe de ser nuestra reivindicación, no sólo tenemos derecho a una serie de servicios públicos, garantizados por la Constitución, sino que éstos deben reunir los mínimos estándares de calidad exigibles.