18 de diciembre de 2015
18.12.2015

Reformas sí, amputaciones no

18.12.2015 | 04:15

Los partidos políticos han publicado sus programas electorales. La competencia entre ellos es considerable, y las tentaciones de hacer ofertas extravagantes que cautiven a los electores difícilmente resistibles. Por eso, los ciudadanos debiéramos pedir sosiego, mesura y moderación a los partidos políticos. Lo que la mayoría de los españoles queremos es que se produzcan mejoras claras y realizables mediante la acción de los poderes públicos: Que se reduzca sensiblemente el desempleo; que los salarios básicos crezcan; que la fiscalidad sea más justa y un largo etcétera de mejoras. En definitiva, los ciudadanos esperamos reformas positivas, razonables y realizables. Los ciudadanos quisiéramos que se aplicara en la vida pública lo que la inmensa mayoría de los humanos perseguimos practicar en la vida privada y familiar: Moderación y sentido común.

Los partidos políticos que hasta la fecha han sido capaces de convencer a la mayoría de los ciudadanos de que eran capaces de llevar a cabo reformas juiciosas, son los que han gobernado con mayor éxito en España, y probablemente seguirá sucediendo así en los próximos años. Los extremismos a la derecha o a la izquierda han fracasado desde los inicios de la Democracia en España.

En lo que se refiere al comportamiento electoral los españoles, salvando las distancias, nos parecemos a alemanes, franceses o británicos por la estabilidad gubernamental. Así, en todos ellos los presidentes de sus gobiernos, desde después de la Segunda Guerra Mundial, en más de setenta años, no alcanzan la docena, y en España, en la misma línea, en los cuarenta años de democracia, hemos tenido tan solo seis presidentes.

Uno de los mayores riesgos que tenemos en la actualidad es la que podríamos denominar «tendencia» de algunos partidos políticos a proponerla mutilación de instituciones políticas relevantes. Digamos, metafóricamente, que cuando se detecta una herida en un miembro debemos curarlo y no amputarlo. Claro está, cualquier médico dirá, con razón, que en ocasiones el único medio de salvar la vida de una persona será amputar el miembro herido. Pero, siguiendo con la metáfora, la excepción no se puede convertir en regla.

Y lo cierto es que comienzan a ser preocupantes las propuestas de amputación de ´miembros´ de nuestro sistema político a los que puede aplicarse la metáfora que hemos utilizado. Así, algunos pretenden suprimir el Consejo General del Poder Judicial, volviendo a un modelo que parece un revival del franquismo, entregando el nombramiento de los cargos más importantes de la Justicia al presidente del Tribunal Supremo, cual todo poderoso ministro de Justicia de tiempos pretéritos. Pretenden, también, suprimir el Senado en un Estado compuesto, volviendo a una España centralista que parecía que habíamos dejado atrás. E incluso llegan a considerar que como en la práctica se han presentado algunas deficiencias en nuestro Estado Autonómico, sin considerar los grandes beneficios que ha traído, debe liquidarse. Otros postulan borrar de un plumazo la experiencia autonómica presentando como una utopía un ´Estado federal´, cuando resulta que vivimos en una versión federal de las más avanzadas de occidente. Y los más extremistas, que siguen instalados en una sociedad de clases que ya no existe en España desde hace décadas, postulan una Constitución que denominan de las ´clases populares´. Es decir, una Constitución al modo del siglo XIX, de unos contra otros, en vez de una Constitución en que todos podamos encontrarnos reconocidos y confortables.

No son mutilaciones lo que nos hace falta sino reformas. Nuestro sistema constitucional puede mejorarse, pero es homologable comparado con los más avanzados de occidente. Lo que sin embargo nos diferencia de los mejores sistemas políticos, aunque en todos ellos pueden encontrarse deficiencias, es la práctica del Derecho y buenas dosis de ética pública y privada que, lejos de mejorar entre nosotros, como el buen vino, parece que han empeorado con el paso del tiempo.

La próxima legislatura debiera caracterizarse por fijarse como objetivo la reforma moderada de las instituciones políticas, y solo excepcionalmente practicar la amputación de alguna que no tenga curación. Y en esa línea reformista bueno sería que se pusiera freno a la politización de las instituciones más allá de los gobiernos y los parlamentos. No se trata de menospreciar la política y los políticos sino de poner límites a la politización del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado y de tantas y tantas instituciones y órganos que vertebran nuestro sistema democrático. No se trata de amputar, de liquidar lo que existe, sino de corregir los errores sin privarnos de instrumentos fundamentales para el funcionamiento de nuestro sistema democrático. No es el cambio de las leyes sino el modo de aplicarlas lo que puede regenerar nuestro sistema político. No es la ley, es la ética de los que la aplican lo que nos falla desde hace muchos años.

Nuestro sistema democrático es bastante austero, en contra de una especie de leyenda que ha crecido entre nosotros sin ningún fundamento. Cualquiera de las comparaciones rigurosas que se han hecho con otros sistemas políticos nos indica que es de los menos gravosos para los ciudadanos. Por ejemplo, es poco conocido que el Senado italiano ha costado a los ciudadanos de aquel país vecino nada menos que diez veces más que el nuestro, en un Estado regional menos descentralizado que el nuestro, y en porcentajes menores esta regla puede aplicarse a inmensa mayoría de los demás Senados europeos. Nuestros diputados y senadores son de los que menos cobran de todo el mundo occidental. El presidente del Gobierno y los presidentes de las Comunidades Autónomas son unos de los representantes políticos más económicos de Europa. Algunos dicen que en una España en crisis, con porcentajes muy altos de trabajadores mileurístas, y por debajo de dicha cifra, los sueldos de los políticos españoles son ofensivos. Nosotros no consideramos admisible que se pueda estar en política para enriquecerse. La dedicación a la política debe ser vocacional y no profesional, por lo que deben fijarse plazos al desempeño de cargos públicos.

Pero tampoco sería razonable que la dedicación a la política condujera al empobrecimiento de los que a ella se dedican. Lo que si creemos es que los políticos tienen que velar porque todos los españoles puedan vivir con sueldos dignos que les permitan estabilidad y proyectos familiares. El objetivo no debe ser, por tanto, el distribuir la pobreza, que parecen sostener algunos, sino crear riqueza y distribuirla con justicia. H. Ford, uno de los empresarios más clarividentes del siglo XX, rompió con los paradigmas liberales incorporando a los trabajadores asalariados al consumo de bienes de consumo que se consideraban privativos de las personas privilegiadas, pues la elevación del nivel de vida de los trabajadores le beneficiaba a él, beneficiaba a los trabajadores y a la economía norteamericana ¿Coincide el Gobierno y la patronal españoles con esta visión de la economía, o acaso les parece que Ford era un peligroso revolucionario? La contención de los salarios produce efectos muy nocivos a medio y largo plazo. El propio Draghi, presidente del BCE, acaba de decir que actuará para que se incremente la inflación, lo que no deja de ser una invitación a la subida moderada de precios y salarios. ¡No es tan difícil seguir los buenos ejemplos!

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