La Universitat de València ha archivado sin sanción el expediente a un funcionario del Servicio de Información y Dinamización de los Estudiantes que se abrió esta semana cuando un alumno solicitó información sobre ayudas para poder pagar la matrícula. En lugar de informarle, que para eso cobra, le despachó que «el ministerio y la universidad no conceden becas a indigentes». Además de trabajar, pedirle respeto a los alumnos ya era demasiado. Pero, el perdón universitario con el que se ha dado cierre al asunto por el mal trato de su trabajador, ha puesto sobre la mesa el criterio con el que se conceden las becas, un sistema de ayuda al estudio que, paradójicamente, criba también con las rentas más bajas.

Una pregunta de la periodista Mónica Ros, quien ha escrito la noticia, ha bastado. El ministerio, ¿a quien le concede las becas? A los pobres, no. Porque el alumno que solicitó la ayuda, y así le fue, tiene unos ingresos anuales de 4.000 euros y la matrícula cuesta 1.600. Y ahora, viene el rifirrafe. Madrid jura que sí, faltaría, hay ayudas a estudiantes con pocos ingresos, y sin límites. Mientras que la Universitat asegura que esa puede ser la teoría, pero que no es la práctica. Un zasca. Y sigue, afirman que cada año se rechazan multitud de solicitudes por una cuestión económica. Pero no por ganar de más, sino por pobres. Según la Universitat, el solicitante debe acreditar que cuenta con medios económicos suficientes que permitan su independencia así como domicilio habitual. A saber, que cuanto menos se necesita la beca más puntos hay para que la den. Sin pasarse, claro.

El alumno al que rechazó el disciplinado funcionario no tiene recursos pero sí las ganas de estudiar. Si la educación no sirve para dársela a la gente sencilla, no sirve para nada. Hace unos años, no tantos, en los que muchos alumnos, como si fuera yo, pudieron acceder a las aulas de colegios públicos con la ayuda de becas. Con la misma calidad de enseñanza que en la privada. Y se formaron y fueron a la universidad, y hoy, con carreras, habrá alguna periodista que, como yo, le escribe a usted, lector, en igualdad de condiciones que otra persona que tuvo más recursos. El mercado laboral es el mismo para todos, pero entonces el sistema era distinto. Las becas dieron la oportunidad porque, sin esa ayuda, hubiera sido imposible estudiar. Y por eso, los ciudadanos hemos perdido esta semana una batalla al leer la noticia de que no hay becas para pobres. Por indecente.

España no está en crisis. Lo está nuestro sistema. Todos los días se suceden las portadas con historias con urgencia por ser contadas, cifras aberrantes de vidas llenas de penas que pasan aquí al lado, injusticias a cielo abierto y silencio, demasiado silencio de quien menos debería callar. Por suerte, hay un periodismo que mira a lo importante, y no solo a un sistema empeñado en ofrecernos ruedas de prensa a través de plasmas o política de titular. Y que resulta incomprensible. Por suerte también, hay una solidaridad espontánea entre los ciudadanos que amortigua el golpe injusto que llueve cada día. Pero mientras no exijamos más, un cambio de sistema que proteja al débil, no vamos a ir a ninguna parte. ¿Saben que somos más los que por convicción o necesidad, seguimos eligiendo los colegios públicos?

Faltan explicaciones. Me avergüenza el silencio de la Universitat de València, no solo con el sistema confuso de becas, que también, sino con la actitud permisiva al funcionario. Porque debería defender el valor de la educación, y predicar con el ejemplo. Y no quedarse en una disculpa administrativa para salir al paso. Si una institución que se dedica a la enseñanza traga con una vulneración de derechos fundamentales en su casa, que se lo haga mirar. Ser pobre no es un motivo de discriminación. Y al estudiante se le vulneró su honor.

Otro silencio insoportable es el de la Conselleria de Educación, que tarda en dirigirse a la Universitat y al ministerio. A una, por el trato vejatorio dado a un alumno sin recursos, dado por no tenerlos, lo que es impresentable y al otro, por el sistema de concesión de ayudas que deja sin amparo al que más lo necesita. Algo por lo que ya debería haber puesto el grito en el cielo. La educación está protegida por la Constitución Española, y todos tenemos derecho a ella. Y lo pagamos los ciudadanos, con impuestos, como las ayudas para garantizarla. Así como el sueldo de los que la imparten. Y de los que velan en el sistema por que sea para todos. Igual que el del funcionario de la Universitat. Por si se han despistado.