El Estado español empezó a liberalizar el sector energético en 1997 con la pretensión de que la lógica del mercado orientase la producción, el consumo y el precio de la electricidad. Durante este tiempo hasta la fecha se han ejecutado varias reformas en dicho sector, tanto con gobiernos de una u otra orientación política. Sin embargo, los hechos demuestran que no nos encontramos ante un mercado libre, ni de libre competencia. El sector tiene una presencia histórica, consolidada, con grandes privilegios y conforman, se quiera o no, un oligopolio en toda regla. Con independencia de los costes de transición (12.000 millones de euros), se ha generado un déficit tarifario que superó holgadamente 30.000 millones de euros, ya que según criterios técnicos, de dudosa credibilidad, de los sucesivos Gobiernos, las tarifas eléctricas han sido inferiores al coste que el mercado ha fijado, y serán quienes tengan un contrato de conexión (la mayoría de mortales) quienes han de abonarlo, con sus intereses correspondientes.

El mercado está dominado por cinco grandes empresas eléctricas cuyo aspecto más llamativo es la opacidad de la continua e injusta subida de la factura eléctrica que pagan los consumidores, con un incremento acumulado en los últimos diez años del 75 %. Lo que se traduce en el hecho de tener en estos momentos la segunda tarifa más cara de Europa en el sector doméstico y la cuarta en el sector industrial. Desde el estallido de la crisis en 2007 y al haberse sumado a esta escandalosa subida de la tarifa eléctrica el desempleo y a la reducción de salarios, la pobreza energética se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos de nuestro país. Según el último informe de la Asociación de ciencias ambientales, 5,1 millones de personas se declaraban incapaces de de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, 4,2 millones tenían retrasos en los pagos de energía doméstica y 6,2 millones destinaban más del 10 % de sus ingresos a estos pagos.

Este panorama no tiene visos de cambiar, y no lo hará mientras no se lleven a término las reformas estructurales necesarias para modificar profundamente el funcionamiento del sistema eléctrico vigente en España, para lo cual será necesario alcanzar un gran consenso social y político. Al respecto, las organizaciones sindicales CC OO y UGT, la Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) hemos iniciado la elaboración de una serie de propuestas, culminando con la presentación, en la Comunitat Valenciana y con el apoyo de la UCE y Avacu, de una moción ante la Federacion Valenciana de Municipios y Provincias, que debería inspirar la reforma del sistema eléctrico: por un lado, garantizar el suministro al conjunto de la población incidiendo el carácter de servicio público, haciendo frente a la pobreza energética con la implementación de un bono social veraz y efectivo y, por otro, la puesta de este sector y de las tarifas eléctricas al arbitraje de consumo y al servicio de la recuperación económica con el impulso a la industria. Nada más idóneo que la gestión y control público de este sector estratégico, como para empezar a auditar el déficit tarifario acumulado y los costes de transición, fomentar la eficiencia energética y el incremento de las energías renovables en la red, una reforma de la fiscalidad de impuestos que recaen sobre el consumo y la intervención directa del Estado u organismo público que se cree al respecto en las, hasta ahora suculentas, subastas de la energía.

Sabemos que nos encontramos ante un lobby poderoso, sabemos que nos encontramos ante un Gobierno central proclive a los intereses económicos del sector eléctrico que, al parecer, entregan al ministerio los decretos ya elaborados a excepción de la firma del ministro/a de turno. También sabemos que representamos a millones de ciudadanos/as que ven con buenos ojos nuestras iniciativas sociales. Lo conseguiremos.