11 de mayo de 2018
11.05.2018

La incompetencia con las jubilaciones en Sanidad

11.05.2018 | 04:15

Tras los diferentes casos de corrupción que en nuestra comunidad han llevado a los tribunales a numerosos cargos públicos, parecería que existe ya poco margen para la indignación, pero aun así, al menos tenemos la esperanza de que puedan pagar por sus delitos. Sin embargo, existen otras actuaciones que provocando asimismo una pérdida importante de dinero público quedan impunes porque no se encuadran en ningún tipo delictivo. Me refiero a las que están relacionadas con la incompetencia de los gestores públicos.

El Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias sobre los recursos presentados por un grupo de médicos contra la Conselleria de Sanidad en relación a diferentes medidas legislativas encaminadas a aplicar una jubilación forzosa. Como consecuencia de las mismas, la Generalitat se verá obligada a indemnizar a estos profesionales con importantes cantidades que algunos expertos han cifrado en varios millones de euros.
Es importante recordar que dichas medidas fueron producto de una decisión tomada por el anterior conseller, Manuel Llombart, con una finalidad exclusivamente recaudatoria y en contra de la opinión de la mayoría de expertos que anticipaban, como de hecho se ha comprobado en la actualidad, que sería inoportuna y contraproducente. En realidad se intentó aplicar una especie de teoría del ahorro ficticio, es decir de momento me ahorro 100 aunque dentro de un tiempo tenga que pagar 1000 y lo más probable es que el responsable será otro. Lo grave aquí es que el dinero que está en juego es el de todos los ciudadanos. Es verdad que en ocasiones se pueden cometer equivocaciones al tomar decisiones, pero en este caso, y después de que varias instancias judiciales de la Comunitat dictaminaran en contra de las mismas, la insistencia en mantener la iniciativa parece más ligada a otros supuestos, como la prepotencia o la indiferencia en el manejo de dinero público.

Posteriormente, el nuevo equipo de la conselleria, dirigido por Carmen Montón, que previamente había anunciado la suspensión de todas las decisiones sobre la jubilación forzosa, no solo no lo lleva a cabo, sino que mantiene las mismas medidas y sigue recurriendo las resoluciones de los tribunales. Como si estuvieran poseídos por una especie de parálisis del incapacitado, deciden aparcar el problema, eso sí aduciendo la consabida excusa para justificar la medida: en este caso es que se estaba preparando un Plan de Ordenación de Recursos Humanos y que llevaría su tiempo (y tanto que lo llevaría, después de varios años gestándolo todavía no lo han editado). Es sorprendente la respuesta de algunos políticos cuando son incapaces de resolver un problema, la facilidad con que lo archivan pensando que el tiempo hará que se olvide, aun cuando, como en este caso, lo que ocurre es que los tiempos judiciales siguen su curso, generalmente con lentitud y las indemnizaciones acaban multiplicándose. También como anteriormente, el denominador común es la indiferencia por el dinero público.

El factor común en todo este proceso es la incompetencia. Pero existe una serie de cuestiones que conviene resaltar. En primer lugar, muchas decisiones están encuadradas en un marco de legalidad, por lo que el político de turno no tiene ningún riesgo jurídico. Por otra parte, el dinero con el que se toman las decisiones es el de los demás, con lo que no existe ningún riesgo para el propio patrimonio. Y por último, ni siquiera tiene efecto en la proyección profesional del mismo, pues cuando deja el cargo sigue manteniendo puestos privilegiados, como es el caso de Llombart, que actualmente dirige una institución sanitaria financiada en su mayor parte con dinero público y con un sueldo similar al de directivo de una empresa del Ibex.

Es posible que el dinero perdido por la incompetencia sea tanto o mayor que el de la corrupción y, sin embargo, no tiene tanto impacto social. El único riesgo que corre un político incompetente es el de ser apartado de un determinado cargo, pero ése es un precio muy barato para el daño que infringen a los recursos públicos.

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