Los dos ancianos de Cullera estafados por cuatro individuos, para los que la fiscalía pide hasta siete años de prisión, fueron hallados por la Guardia Civil en un piso de València en pésimas condiciones higiénicas y de salubridad. El anciano estaba impedido y postrado en una cama y su esposa no podía atenderlo debido a su demencia senil.
Tres de los acusados cuidaron un tiempo a Antonio S. y María Emilia R., de 84 y 85 años, y después vaciaron sus cuentas bancarias y cambiaron el testamento para nombrarse beneficiarios. Junto a los tres detenidos (Juan Enrique G. V., Sarunas M. y Daniel Vicente R. N.) la fiscalía también acusa a la notaria Sara M. S., a quien pide 6.000 y diez meses de inhabilitación por autorizar el legado. Esta operación ya había despertado sospechas antes a otro notario, que no aceptó avalarla.
El fiscal acusa a Juan Enrique G. de cargar algunos de sus gastos, como el seguro de su coche y varios pagos de la inmobiliaria Montemar en las cuentas bancarias de los ancianos. El procesado estafó unos 34.000 euros en tres meses y se apropió de rentas tras gestionar una vivienda en Cullera y un chalé del matrimonio en Pego.
El individuo también logró que las víctimas le otorgaran una vivienda en la playa El Marenyet de Cullera, según consta en un documento de cesión de escritura firmado en 2013, y que le nombraran «heredero universal sustituto en su testamento abierto».
Dificultar su localización
Dos años después, Juan Enrique G. fue hospitalizado y su expareja, Sarunas M., que trabajaba en la inmobiliaria, trasladó al matrimonio octogenario desde el domicilio de un hombre fallecido hasta un apartamento de la urbanización Florazar II con el consentimiento de Daniel Vicente R., propietario de esta segunda vivienda, para ejercer un mayor control sobre los ancianos y dificultar su localización en el caso de que alguien los buscara. Sarunas volvió a trasladar a las víctimas a un piso de la calle Yecla de Valencia, donde malvivieron un tiempo hasta que la Guardia Civil de Cullera detuvo a los estafadores.
Las inmobiliarias se desmarcan
La asociación de Agentes Inmobiliarios de Cullera matizó ayer que la inmobiliaria que gestionaba el cabecilla del grupo de estafadores «no está inscrita ni asociada» con ellos, y destacó que ASIM «tiene un código ético que impide que se puedan dar casos como este». Los responsables de la organización gremial de inmobiliarias de Cullera han querido desmarcarse de este tipo de actuaciones y mostrar su «condena más enérgica» por los hechos acontecidos. «Situaciones como esta hacen mucho daño al sector», lamentan.
