El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por Salvem Tabacalera contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que avala la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia por el que se derribó parte del conjunto arquitectónico del edificio.

En un comunicado, la plataforma ha informado de que, tras la admisión a trámite del recurso de casación, dispone de un plazo de un mes para formalizarlo ante el Alto Tribunal.

Salvem Tabacalera considera que "hay argumentos patrimoniales suficientes" que avalan su propuesta de reconstruir las naves laterales y traseras derribadas por el Ayuntamiento tras aprobar la recalificación del conjunto.

Además, la plataforma confía en que el Supremo hará valer la protección del edificio frente a "los abusos urbanísticos", dada la "sensibilidad patrimonial" que ha demostrado en "reiteradas sentencias".

El Tribunal Supremo evaluará los informes patrimoniales aportados por Salvem Tabacalera y que el TSJCV "se ha negado a estudiar y considerar", en una muestra de lo que la plataforma califica de "obstruccionismo".

Entre los documentos aportados, figuran informes técnicos de la Universitat de València, el Colegio de Arquitectos de Valencia, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y la de San Fernando, del Ministerio de Cultura y de expertos en Patrimonio Industrial, junto a "la firme oposición" de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia.

La Generalitat remitió en 2001 un informe de la Tabacalera para que el conjunto fuera incluido en el Catálogo del Patrimonio Nacional Industrial, pero, una vez incorporado, paralizó su tramitación como Bien de Interés Cultural y autorizó "la destrucción patrimonial" de la antigua fábrica, recuerdan desde el colectivo.

Igualmente, añaden que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, "tendrá que demostrar por qué acordó en 2001 mantener la protección del edificio y no destinarlo a viviendas", pese a que después decidió recalificar la Tabacalera y firmar un convenio con una mercantil privada.

Con la admisión a trámite, el Tribunal Supremo tendrá "la oportunidad" de juzgar la permuta realizada con el edificio municipal de la calle de Navarro Reverter, sobre la que el TSJCV no se ha pronunciado, apuntan.

Salvem Tabacalera espera lograr la reconstrucción de las naves laterales y traseras, demolidas para que una mercantil construya dos edificios de nueve alturas de viviendas.

Otro de los objetivos de la plataforma es el de "recuperar el dinero que se ha dejado de ingresar por una permuta mal valorada y, cuanto menos, sospechosa", que cifran en una pérdida económica de más de 55 millones de euros para los ciudadanos valencianos.

"Pero sobre todo, confiamos en que el Tribunal Supremo ponga en su sitio a quienes utilizan el poder y los convenios para despilfarrar el dinero público y destruir el patrimonio", apostillan.

En este sentido, el voto particular de la sentencia del TSJCV advertía de que "con los convenios urbanísticos hay un grave riesgo de corrupción administrativa y política", y de que habían quedado sin juzgar "materias esenciales, como es la legalidad de la permuta".