La cruzada de inspecciones contra las construcciones ilegales anunciada a bombo y platillo por el entonces conseller de Territorio, Esteban González Pons, en 2006 no pasó del anuncio. El bautizado como «Programa de control de la legalidad urbanística», presentado el 4 de diciembre de 2006, no tiene resultados que ofrecer, según aclaran fuentes oficiales de la Conselleria de Territorio. Aunque el fondo de la cuestión, que el Institut Cartogràfic Valencià (ICV) pudiera expedir certificados oficiales con ortofotos (imagenes digitales aéreas) del territorio valenciano sí que ha tenido recorrido y su utilidad legal.
Según la Conselleria de Territorio el Cartogràfic ha expedido 550 certificaciones incluidas en procesos judiciales solicitadas por «particulares, la fiscalía o algún juzgado» en los últimos tres años. El ejercicio con más certificados fue 2013 al emitir 323 documentos, un total de 212 en 2014 y 15 en los casi tres meses transcurridos de 2015.
El «Programa de control de la legalidad urbanística», presentado seis meses antes de las elecciones de 2007, iba a constar de tres fases. Primero se iban a identificar las construcciones ilegales, a través de las ortofotos del ICV, en suelo no urbanizable. En una segunda fase se iban a buscar «parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable contradictorias con la normativa urbanística» y, en la tercera se reconstituiría la legalidad. Ninguna de las fases se inició. Sólo los certificados del ICV que se expiden a demanda. l. b. valencia