El nuevo equipo de gobierno progresista de la Vall d'Uixó aprobará en el próximo pleno municipal el establecimiento de un protocolo con el objetivo de que la localidad se declare ciudad libre de desahucios. La concejala de Vivienda de la población, Carmen García, destacó que este acuerdo cuenta con 15 puntos, entre ellos «declarar la Vall d'Uixó contraria a los desalojos forzosos por motivos económicos y sin alternativa habitacional» con lo que «buscamos atender una de las demandas de las personas en cuanto a sus viviendas».
En virtud de este protocolo está previsto constituir un grupo local de negociación antidesahucios que contará con la participación de «técnicos municipales, las entidades bancarias, las plataformas de afectados por la hipoteca y todos los partidos políticos de la corporación municipal que quieran adherirse, tanto del equipo de gobierno como de la oposición» según indicó Carmen García.
Además, la concejala también se encargó de explicar que se acordará con bancos y cajas la puesta en alquiler social de parte de sus viviendas. Al mismo tiempo desde el consistorio vallero se dará soporte a las iniciativas de las plataformas por el derecho a la vivienda y se pondrán a disposición de la ciudadanía los recursos técnicos y personales necesarios para dar información y formación a las personas afectadas por un proceso de ejecución hipotecaria.
Carmen García también se encargó de anunciar que el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó respaldará y pondrá en marcha el protocolo provincial antidesahucios, que han acordado el Colegio de Procuradores de Castelló, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Castelló y de la Vall d'Uixó y los Servicios de la Oficina de la Asociación de Consumidores de Castelló (UCE).
Fruto de años de lucha
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de al Vall d'Uixó, Serafín Diago destacó que este protocolo es «el fruto de años y años de lucha de la plataforma en todos los municipios». En este sentido, también destacó que «las instituciones eran necesarias para establecer unas pautas y que la banca tenga que atender a unos mínimos que marca el ayuntamiento».
Por su parte, Alexandra Aparici, que también forma parte de la PAH, explicó que en la primera fase (ejecución hipotecaria o ejecución de sentencia por impago de alquiler) se establecerá un proceso de negociación y mediación. En el caso de que no haya acuerdo se irá al arbitraje. En la segunda fase del proceso (señalamiento de lanzamiento), el consistorio de la localidad proporcionará orientación e información «y gestionará un realojamiento digno, para que nadie en la población se quede sin casa».