El anterior Gobierno local del PP en el Ayuntamiento de Gandia gastó más de un millón de euros, como mínimo, en el pago a abogados y bufetes de juristas, según reveló ayer el nuevo ejecutivo del PSPV y Més Gandia para responder a las críticas de los populares sobre la contración de un letrado penalista para llevar el caso Púnica que percibirá 15.000 euros.
«El Partido Popular de Gandia no está autorizado a la hora de criticar la contratación de servicios jurídicos externos por parte de este gobierno».
De esta manera se expresó ayer el concejal responsable de Contratación, José Manuel Prieto, al referirse a las críticas del PP por el hecho de haber contratado a un abogado penalista, Francisco de Antonio Juesas, concejal del PSPV-PSOE en Altura, para representarle en el caso Púnica, en el que están implicados al menos tres miembros del PP gandiense: Arturo Torró, Víctor Soler y Dionisio Ollero.
El socialista Prieto señaló ayer que «el PP es perfectamente consciente de que no hay ningún abogado penalista en la plantilla del consistorio», razón por la que «hemos tenido que realizar una contratación menor a 18.000 euros que no requiere concurso».
Además de concejal socialista en Altura, Francisco de Antonio Juesas es Profesor de Derecho Penal en la Universitat Jaume I de Castelló y ha participado en la acusación popular de los casos Gürtel y Fabra «con una trayectoria más que destacada en su campo», indica Prieto.
Según datos facilitados ayer por el Gobierno gandiense, los anteriores gestores del PP gastaron más de un millón de euros en abogados contratados por Arturo Torró, bien a través del ayuntamiento bien en la empresa municipal IPG.
Una parte de las facturas
Por un lado, hay facturas por un importe total de 503.000 euros del bufete Uría Menéndez de la pasada legislatura y más de 600.000 euros de varios despachos de abogados, de Gandia y de otras ciudades, facturados a la empresa pública IPG correspondiente a los últimos dos años de la pasada legislatura, cuando el PP gobernó con mayoría absoluta.
Todas estas facturas se corresponden al período de tiempo transcurrido entre los años 2013 a julio de 2015, ya que ha resultado imposible encontrar más documentos, porque las anteriores se borraron por el sorprentende virus que, según reveló en su día el PP, afectó a los ordenadores de la empresa pública IPG.