Un requerimiento de la Inspección de Trabajo que emplaza a trasladar en un plazo máximo de cuatro meses el juzgado de lo penal de Alzira a unas nuevas dependencias tras constatar que las condiciones laborales en la actual sede incumplen la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo ha precipitado finalmente el cambio. El secretario autonómico de Justicia, Ferran Puchades, y la directora general, Maria dels Àngels Garcia, visitaron hace apenas un par de semanas la primera planta del edificio de la Parrilla que ha venido ofreciendo el ayuntamiento desde hace meses y abogaron por el traslado, aunque esta vez urgía.
La notificación del Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad y Salud, fechada el 10 de mayo y de la que no se informó en el comunicado que el Ayuntamiento de Alzira emitió para dar cuenta de la visita de los altos cargos de Justicia, confirma que los funcionarios que atienden este juzgado de lo penal no pueden seguir en las actuales condiciones. Fuentes del CSI·F, el sindicato que forzó esta inspección tras la denuncia formalizada en enero por las «graves deficiencias» que se arrastran en el juzgado, confirmaron ayer que los representantes de la Conselleria de Justicia confirmaron en la reunión del Comité de Prevención y Salud Laboral celebrada el viernes el inminente traslado de la sala de lo penal que atiende a los partidos judiciales de Alzira, Xàtiva y Ontinyent.
La denuncia del CSI·F detallaba que el juzgado está ubicado en un bajo sin ventilación ni espacio para trabajar en el que faltan estanterías y los expedientes se acumulan en el suelo, como se puede ver en la imagen de la izquierda. La falta de espacio ha provocado que un baño se reconvierta en almacén, inutilizándolo para el fin original. El juzgado dispone de un único acceso de entrada y salida para detenidos, testigos, profesionales y funcionarios que, además, carece de arco de seguridad. No dispone tampoco de calabozo y los detenidos deben esperar muchas veces el juicio en el furgón policial en el que son trasladados.
Un inspector se personó en los locales de la plaza de la Generalitat el pasado 12 de febrero y levantó acta de las carencias del juzgado que ha derivado en el requerimiento a la dirección general de Justicia. Éste recoge entre los precedentes el informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial que en julio de 2015 alertó de que el local «evidencia irresolubles problemas de agotamiento de espacio y es absolutamente inadecuado para el ejercicio de la función judicial» mientras detallaba que jueces y secretarios comparten despachos de reducidas dimensiones sin luz natural ni ventilación o que la falta de espacio impide incluso la instalación de nuevas estanterías. El requerimiento detalla que las condiciones de trabajo actuales del personal, el mobiliario emplazado en el interior como armarios, estanterías y las numerosas cajas-archivadores repartidas por el suelo determinan el incumplimiento de la normativa vigente y emplaza a que se habilite un nuevo local en el plazo de cuatro meses para corregir las deficiencias que el CSI·F viene denunciando desde hace al menos cuatro años.