La Conselleria de Agricultura va a iniciar en los próximos días un total de 8 procedimientos administrativos sancionadores para recuperar más de 800.000 euros invertidos en subvenciones fraudulentas que se gastaron en diversas obras y servicios de la Hoya de Buñol-Chiva y Alicante dentro del programa Ruralter-Leader, de los años 2007 a 2013.
Así, lo confirmó ayer a Levante-EMV el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero ,que afirmó que esta actuación persigue recuperar el dinero que las Administraciones Públicas -la Generalitat, el Fondo Europeo Feader de la Comisión Europea y el Ministerio de Medio Rural- invirtieron en 6 proyectos que se ejecutaron en la Hoya de Buñol-Chiva y otros 2 más que llevó a cabo el Ceder Aitana o Grupo de Acción local -GAL 5 en Alicante, en los años 2008 y 2009.
El alto cargo autonómico socialista confirmó la información publicada por este diario en el sentido de que existen 3 expedientes de la Hoya de Buñol que recibieron ayudas irregulares por valor de más de medio millón de euros. Se trata de la construcción del Espai Jove de Chiva -que costó 393.000 euros-, los instrumentos del Centro de Interpretación Musical de Siete Aguas y los gastos de funcionamiento del GAL denominado Asociación del Llano de Chiva a la Plana de Utiel.
Rodríguez Mulero explicó que tras recibir un informe de la Oficima Antifraude Europea (OLAF) en los que se alertaba de presuntas irregularidades en la tramitación y adjudicación de esas ayudas, la administración valenciana procedió a activar «un procedimiento protocolizado para lograr el reintegro de la subvención». Ese procedimiento terminó con el embargo de las cuentas de la Asociación de Interior de la Hoya de Buñol-Chiva, como propietaria del inmueble del Espai Jove de Chiva, para recuperar el dinero con la ayuda de la Agencia Tributaria, «por vía ejecutiva».
Investigación interna
A partir de ahí, el secretario autonómico explica que como la OLAF alertó a Agricultura de supuestas irregularidades en otras subvenciones concedidas en la misma época y de parecidas características, la conselleria procedió a abrir una investigación interna que ahora va a provocar la reclamación de más de 800.000 euros a otras entidades. Esa auditoría interna, que revisó un buen número de expedientes, se completó con una asesoría técnica externa que recomendó la OLAF contratar en un informe de noviembre de 2016 y que se contrató efectivamente el 5 de julio de 2017. Ya en marzo de 2018, entró en Conselleria el informe realizado por los asesores externos que concluía el número de expedientes fraudulentos y las subvenciones que había que reclamar.
El 18 de julio de 2018, finalmente, la Abogacía de la Generalitat comunicó a Agricultura cuál es el procedimiento que tiene que llevar a cabo para iniciar y lograr el reintegro de estas ayudas que serán recuperadas por la administración autonómica y retornadas a Bruselas en el porcentaje que le corresponde.
El socialista Rodríguez Mulero señaló que Agricultura «no se va a personar en la investigación abierta en un juzgado de València» donde se trata de dictaminar si ex altos cargos del PP de la Conselleria y de la Hoya de Buñol pudieron cometer algún delito en la gestión y adjudicación de los fondos europeos y valencianos referidos. La Administración autonómica va a activar el procedimiento administrativo para recuperar este dinero «y lo hará por vía administrativa, y no judicial».