R. Rodríguez/J. R. Seguí, Valencia

La situación de quiebra técnica que atraviesa desde hace años Radio Televisió Valenciana (RTVV) no sólo es un hecho objetivo, a tenor del balance anual de resultados del grupo o como así se demuestra en el último cierre económico, que estimaba en más de 1.200 millones de euros la deuda que arrastra el Ente. RTVV se podría decir que pertenece orgánicamente a la Generalitat pero en realidad, debido a su situación financiera, también se podría afirmar que es propiedad de los bancos.

Seguramente, esa preocupación existente en la propia administración autonómica, que ve cada año cómo la cadena se convierte en un pozo sin fondo y es incapaz de levantar cabeza, llevó en 2007 a la Conselleria de Economía y Hacienda, a cuyo frente se encuentra Gerardo Camps, a encargar un informe de situación a la consultora Ernst & Young, cuya conclusión dibuja un panorama preocupante. El informe, al que ha tenido acceso este diario no se trata de una auditoría, sino de un estudio de la realidad económica, estructural y de funcionamiento del grupo, pero al mismo tiempo ofrece planes de actuación concretos para revertir la situación, que pasan por un reajuste de gastos, plantilla, organigrama, marketing, financiación...

Patrimonio a la baja

El informe alerta de la "drástica y continuada disminución del Patrimonio de RTVV, que se encuentra en valores negativos", como consecuencia del modelo de financiación adoptado por el Ente público. El documento, referido a los ejercicios de 2005 y 2006, advierte de que "es necesaria la ejecución de un profundo y amplio estudio de las necesidades de financiación a corto y medio plazo para restablecer la situación patrimonial a niveles adecuados".

En los años estudiados por el informe, la deuda reconocida por RTVV había pasado de los 82 millones de euros de 2000 a los 188 millones de 2007, año especialmente reseñable, ya que el endeudamiento aumento en 50 millones con respecto a 2006, gracias principalmente al proceso de amortización de la deuda existente. Debido a la carga asumida, los encargados de analizar las cuentas instan a RTVV y la Generalitat Valenciana a "tomar medidas", ya que en 2006 "sus fondos propios eran sensiblemente inferiores a la mitad del capital social".

En la actualidad, la deuda de 1.200 millones de euros, sumando la de corto y largo plazo, obliga a la cadena a pagar 45 millones anuales sólo en concepto de intereses por el dinero prestado. El pasado mes de enero el consejo de administración acordó solicitar un nuevo crédito, de 194 millones de euros, de los cuales 166 irán destinados a enjugar las pérdidas de las diferentes empresas que componen el grupo.

El informe no deja bien parada la forma de gestionar RTVV. Además, no sólo aborda temas macroeconómicos, sino que baja a la arena, hasta el punto de analizar temas como la productividad, las colaboraciones externas, el rendimiento publicitario o las dietas, hasta el extremo de llegar a afirmar que "es obvio que los mecanismos de control interno en RTVV, RAV y TVV no se encuentran formalizados", y ofrece diferentes ejemplos y planes de acción, llegando a proponer que alguien controle y actualice las firmas autorizadas en las cuentas bancarias. Como ejemplo pone el de un directivo que dos años después de abandonar el Ente aún seguía figurando como firma autorizada en una de las cuentas de RTVV.

Dietas sin control

Por no hablar del tema de las dietas, uno de los que genera mayor falta de control. Según el informe, se conceden por un importe fijo, sin que el empleado tenga la obligación de "justificar el gasto realmente incurrido en su desplazamiento". Por ello, advierte de que "en el caso de la Dirección plantease una política estricta de contención del gasto, sería recomendable instaurar un régimen de dietas que funcionase con límites máximos para cada concepto. De esta forma, las dietas dejarían de ser una remuneración adicional para el empleado". Al mismo tiempo, apunta que debería formalizarse también un verdadero "control y seguimiento de los gastos por dietas, locomoción y alojamiento, con el objeto de hacer compatible la gestión económica con las necesidades técnicas de la actividad". Además reclama fijar una política concreta de dietas y establecer un sistema de liquidación en el que se adjunten tickets y justificantes de gastos, un aspecto poco justificable cuando se trata de dinero público.

Un caso similar es el detectado en las colaboraciones ajenas a la cadena. Desde hace años son muchas las voces que alertan de la creciente externalización del Ente Público, en el que muchos programas se nutren, casi exclusivamente, de colaboradores ajenos a la estructura de la empresa, y están realizados desde productoras de fuera de la Comunitat Valenciana. Tras confirmar que muchas de esas colaboraciones se realizan sin que medie contrato alguno, el informe pide "el establecimiento de una norma interna que estipulara el precio a pagar por crónica o colaboración, así como los conceptos por los que RAV y TVV pueden acudir a un corresponsal".