El PP restringe el acceso al expediente de TDT de Gürtel

El secretario general adjunto del grupo popular, José Marí Olano, no sólo ha solicitado el regreso a su plaza como abogado del Estado, actividad que, según indica en un escrito a las Corts, es compatible con su labor como diputado, al renunciar a sus retribuciones periódicas del Parlamento. Otra consecuencia de esta decisión, o quizá la explicación de la misma, es la renuncia a su trabajo como colaborador del despacho Eius Abogados, del ex ministro del PP José María Michavila, un bufete que realizó trabajos para ayuntamientos de la trama Gürtel. La explicación que ha dado Marí Olano, según fuentes de su entorno, es que el popular pretende dedicarse más a la actividad política y parlamentaria. Las mismas fuentes indicaron que el nivel de exigencia del bufete privado es muy elevado y obligaba a un gran esfuerzo para compatibilizarlo con el trabajo en la Cámara. En cambio, como abogado del Estado, no se exige un horario, por así decirlo, de oficina. Cada uno se organiza para cumplir con el trabajo asignado, pero después, si hay que realizar cualquier trámite, cualquier miembro de la Abogacía del Estado puede sustituirlo. Esta labor, lógicamente, es incompatible con el bufete privado. Marí comunicará a las Corts la baja en el despacho y en el Colegio como abogado ejerciente a efectos de la declaración de actividades de los diputados. El popular, que ya ha iniciado su trabajo para la Administración central, ha solicitado la abstención para los asuntos que afecten a la Generalitat o a la delegación del Gobierno. Razones personales o políticas al margen, la permanencia de Eius podía traerle quebraderos de cabeza en el plano político, por las relaciones del bufete con ayuntamientos ligados al caso Gürtel. El mismo Michavila, cercado por estas relaciones, dejó a principios de septiembre su escaño en el Congreso, optando por su labor privada.

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Cualquier documento que huela, siquiera remotamente a Gürtel, sigue siendo material sensible. El PP en la Mesa de las Corts ha declarado, a petición de la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, el carácter de "no público" de parte de la documentación que conforma el expediente de adjudicación de dos licencias de TDT autonómicas y 42 locales por parte de la Generalitat. En ese proceso, la principal adjudicataria -con 13 licencias- fue Mediamed Comunicación Digital, empresa de la que es presidente José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel de supuesta corrupción vinculada al PP. El despacho Eius Abogados, del ex ministro José María Michavila -hermano de la jefa de gabinete del presidente Camps-, facturó a Mediamed al menos 150.000 euros por asesoramiento legal y mercantil durante la fase de constitución de la empresa que obtuvo después las concesiones.

Anteriormente, el jefe del despacho Eius y secretario de Mediamed, Alberto Dorrego, asesoró personalmente a Presidencia en la preparación del concurso, según manifestó públicamente Sánchez de León -siendo secretaria de Comunicación- en un acto en febrero de 2005. Para completar el panorama del polémico expediente, el actual secretario general adjunto del grupo popular en las Corts, José Marí Olano, era el jefe de los servicios jurídicos de la Generalitat cuando se tramitó el concurso, entre julio y diciembre de 2005. El popular asesoraba hasta ahora, a través de Eius, al constructor Andrés Selma, vicepresidente y socio de Mediamed. Selma y Ulibarri también son socios en negocios como el PAI de Xilxes, en el que asesoró Marí Olano. El diputado ha defendido que no intervino en el proceso de las adjudicaciones y que no auxiliaba a Selma en materia de televisiones sino en construcción.

A raíz de estas informaciones, la parlamentaria socialista Núria Espí reclamó el acceso al expediente de las TDT. La diputada quiere verificar la corrección del procedimiento, comprobar si hay constancia de pagos a Eius y la cuantía, y verificar si la firma de Marí Olano aparece en algún expediente.

Según comunicó la consellera a las Corts, el expediente está integrado por once documentos. De éstos, cinco, los más enjundiosos, son los que se han declarado "no públicos". Entre los otros seis figuran la resolución de convocatoria de los concursos, los pliegos o la publicación en el diario oficial de la adjudicación, aunque también están las actas de la mesa de contratación. Entre los no públicos, figuran los requerimientos de subsanación, las notificaciones a los licitadores excluidos, el informe técnico de valoración de las ofertas, el informe-propuesta de la dirección general de Comunicación y los requerimientos dirigidos a los adjudicatarios de licencias.

La firma que trató con Orange

La declaración de "no públicos" lo justifica la consellera "con el fin de conciliar el derecho de su señoría a acceder a la información" y "la protección de los intereses económicos de las empresas que pudieran resultar perjudicados por la difusión de datos a los competidores". Por ello, el acceso a una parte de los papeles "no podrá comportar su reproducción". Esta restricción, introducida en la reforma unilateral del reglamento de las Corts que aprobó el PP en 2007, conlleva que el diputado podrá "tomar notas pero no obtener copias ni actuar acompañado de asesor".

Habrá que ver si, una vez la diputada acuda a Presidencia a ver los papeles, se añaden también restricciones sobre la difusión del contenido. Es la segunda vez que el PP de las Corts, a petición del Consell, declara no públicos documentos. El 10 de marzo pasado, se aprobó la misma declaración sobre 23 contratos de la Sociedad para la Imagen Estratégica de la Comunitat -la que adjudicó por 500.000 euros la fiesta de la Volvo Ocean Race a Orange Market-, de los que 11 además se calificaron de "confidenciales", con prohibición de difusión del contenido.