Sólo para el 1,2% de plazas se exige el valenciano

Bajo el lema 'Sí al valencià = requisit lingüístic', representantes de estas entidades se dirigieron hoy a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas para entregar un manifiesto en el que exigen una "segunda transición" que "adecue la realidad institucional a lo que está demandando la sociedad", que ya demanda más enseñanza en valenciano de la que se oferta, y vive con más "normalidad" el tema de la denominación de la lengua y su uso.

Así lo manifestaron hoy en declaraciones a los medios el coordinador de Acció Cultural del País Valencià (APCV), Toni Gisbert, y el presidente de Escola Valenciana, Diego Gómez, quien apuntó que, de hecho, más del 65% de los funcionarios de la Administración valenciana ha estudiado "por su cuenta" y "está capacitado" para atender en esta lengua y cuenta con conocimientos acreditados por la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià en grado medio o elementa.

Sin embargo, "sólo" el 1,2% de los puestos de trabajo de la Administración autonómica exigen conocimientos en valenciano para acceder a ellos, cosa que "no pasa en ningún lado del Estado español", apuntó Gómez. Según dijo, en el resto de comunidades en las que conviven varias lenguas, --Galicia, País Vasco, Baleares o Cataluña-- la co-oficial sí es determinante para acceder a la función pública, incluso si están gobernadas por el PP, como es el caso de Galicia.

Por el contrario, la Comunitat Valenciana se encuentra "a la cola" en la defensa de los derechos lingüísticos, censuró el presidente de Escola Valenciana, quien instó a defender "el derecho de los valencianos y valencianas a ser atendidos en su propia lengua vehicular", algo que ya recoge la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV), que hoy celebra su 26 aniversario. "Que se cumpla la ley", remarcó.

"Los valencianos no podemos esperar 20 años más a que los políticos de turno pongan el requisito lingüístico para que los funcionarios puedan atender en la lengua vehicular a las personas que se dirigen a ellos". "No puede volver 'el tío caña'", sentenció.

Gómez puso de manifiesto que "la sociedad valenciana no es la misma que hace 20 años", tiene "otro posicionamiento hacia la lengua". Por ello, aseguró no entender el posicionamiento del Gobierno valenciano no colocar en la modificación de la Ley de la Función Pública Valenciana que el valenciano sea un requisito 'a priori' y no 'a posteriori' como lo es en la actualidad. En su opinión, "es una cuestión de adecuar la realidad administrativa a la realidad social, a lo que la sociedad está demandando".

En la misma línea, Toni Gisbert hizo hincapié en que "la sociedad va por delante del Gobierno valenciano. Hay mucha más demanda que oferta en la enseñanza, hay mucha más normalidad en la calle que lo que parece a veces por las declaraciones crispadas de algunos políticos y más normalidad en el tema de la denominación de la lengua y su uso", aseveró.

De hecho, "mucho funcionario que puede atender en valenciano, precisamente porque está formado de manera voluntaria. De modo que solo estamos pidiendo adecuar la realidad institucional a lo que está demandando la sociedad", insistió.

Su intención es que la inclusión del requisito del valenciano para acceder a la función pública esté presente en el debate en las Corts Valencianes, donde la tramitación de la nueva ley es previsible que se prolongue hasta febrero, auguró.

Para Gisbert, "esto es un paso adelante. Hasta ahora ha habido "avances" en el tema de la lengua en la enseñanza y en otros ámbitos, pero "por primera vez se plantea que en la función pública eso se tenga en cuenta como se tiene en cuenta en autonomías gobernadas también por el PP, como Galicia", ejemplificó.