Los 50.000 folios del sumario Gürtel que instruye el juez del TSJ de Madrid Antonio Pedreira y que ayer fueron desclasificados aportan nuevos datos contables que revelan una presunta financiación ilegal del PP valenciano, en la etapa de Francisco Camps al mando del partido. La caja B central de la trama en el piso de la calle Serrano de Madrid se nutrió, básicamente, de la factoría Orange Market, cuyos principales afluentes de negocio fueron el Consell (casi diez millones de euros) y la formación popular. La mayoría del dinero negro que exportó Álvaro Pérez «El Bigotes» a Madrid —unos 6,3 millones de euros— se generó a cuenta de actos del partido, especialmente las campañas electorales de 2007 y 2008. Rastros los hay por docenas en la doble contabilidad que escrupulosamente llevaba la trama y que fue incautada tanto en el pendrive del contable José Luis Izquierdo, como en los apuntes encriptados del piso de seguridad de la calle Martínez Campos y en las oficinas de Orange Market.
En el sumario del TSJ se confirman los indicios ya revelados en el informe de la Brigada de Blanqueo de la Udef sobre financiación ilegal del PP y refrendados al alza por otro de la misma unidad de la policía judicial elaborado el pasado mes de enero. «Existe un sistema de doble facturación y de financiación irregular» de los actos montados por la trama al PP. Así de crudo lo expresa el sumario, que añade: «Por un lado, se contabiliza de forma formal la parte del acto del que se emite factura, y por otro, se contabiliza en paralelo de forma interna la parte del acto del que no se emite factura». Ese esquema al margen de la ley «tenía una persistencia en el tiempo, suponiendo una actuación sistemática en las relaciones que mantenía la organización con la formación política». Es en las facturas de Orange Market donde los eventos y el cemento se cruzan en el mapa valenciano Gürtel en el que, al contrario que en Madrid, siguen sin aparecer comisiones a políticos por concesiones urbanísticas. Las contratistas de obra pública de la Generalitat Sedesa, Lubasa, Enrique Ortiz, Facsa y la consultora PIAF no ingresaron, según el sumario, un euro en la cuenta corriente del PP valenciano, pero hicieron frente al pago de facturas por supuestos servicios prestados por la empresa de El Bigotes, pero que realmente obedecía a deudas contraídas por el PP con Orange Market. Los citados empresarios veían compensadas con creces sus aportaciones a través de contratos de la Generalitat.
En los cuatro años de fiebre Gürtel (2005-2009), esas empresas recibieron, solas o en UTE, casi 850 millones de euros en adjudicaciones, de los que 539 millones corresponden a Sedesa. Enrique Ortiz, rey de la construcción en Alicante, se llevó en esos años 205 millones, mientras que Facsa recibió casi 14 millones. A la castellonense Lubasa le otorgaron 77 millones en contratos. A finales de 2007, pasada la campaña de las autonómicas y municipales, en uno de los documentos «Barcelona. xls» —que registraba la deuda comprometida para ser pagada fuera del circuito oficial y evitar así saltarse el tope legal de gastos electorales— se registraba una deuda en negro de casi 2,2 millones. En dinero legal, el PP valenciano tenía pendiente de pago 1,1 millones. Los compromisos con Álvaro Pérez los negoció éste con el entonces secretario general del partido Ricardo Costa, quien, según las pesquisas policiales y judiciales era el «canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero, según se desprende de las conversaciones telefónicas». Con su forma de actuar «da opacidad a la verdadera naturaleza de la operación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica del partido».
Que todos arrimen el hombro
Para poder ir saldando las deudas, el dirigente popular y especialmente el El Bigotes insistieron en exigir al Consell, sobre todo a Presidencia y a Vicente Rambla, que abriera al máximo el grifo de los contratos a empresas de la trama. Paralelamente, se remitieron hasta varios «emails» en los que las firmas de Correa pedían a sus contables que cambiaran los conceptos de las facturas y el nombre de los clientes para incluir, donde ponía PP, a los empresarios.
Es el caso, por ejemplo, de una factura de 84.100 euros que le endosaron a Enrique Ortiz el 1 de abril de 2008. Empresas del grupo que dirige Vicente Cotino Escrivá —sobrino del vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino— hicieron frente a pagos por 130.000 euros a nombre de la matriz Sedesa Obras y Servicios y hasta de la Fundación Sedesa. Enrique Gimeno, dueño de Facsa, abonó 200.000 euros, que constan en «Financiación Barcelona» y, en ese mismo 2007, Enrique Ortiz afrontó otros 100.000 euros, según la contabilidad B. Lubasa asumió 50.000 euros. En torno a 600.000, están registrados en facturas por supuestos servicios prestados por Orange Market a las constructoras —por ejemplo hay una a Enrique Ortiz por diseñarle un pabellón en la feria Urbe— que realmente era pago de deuda B contraída por el PP con El Bigotes, el recaudador de Gürtel en Valencia.
