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La Generalitat Valenciana se ha convertido en la primera administración pública denunciada por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) por aprobar una normativa que, según el organismo estatal, es contraria a la liberalización del mercado y la competencia efectiva. La norma contra la que Competencia ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo es el Plan de modernización de las concesiones de autobuses de la Comunitat Valenciana.

Este decreto, aprobado en enero, permite a las actuales empresas concesionarias prorrogar sus concesiones hasta el año 2023 mediante la presentación de una instancia acompañada de un plan de modernización. Es decir, la normativa del Consell esquiva la convocatoria de un concurso que permita optar a terceras empresas, por lo que es "contraria a la competencia y a las normas comunitarias", sostiene la CNC.

Esta ampliación del plazo concesional de manera casi automática en la práctica, destacan fuentes del organismo estatal, "supone una fuerte restricción a la competencia en tanto que implica el cierre absoluto del mercado durante todo el tiempo por el que se prorrogan las concesiones sin que, por otra parte, se encuentre justificación suficiente".

Así se lo hizo saber la CNC a la Generalitat en un requerimiento previo en el que le instaba a cumplir los principios de la competencia que establece el reglamento europeo en vigor desde diciembre de 2009. El Consell respondió fuera del plazo indicado y se mostró rotundo en que no iba a modificar su normativa.

Frente a esa negativa, la Comisión Nacional de la Competencia ha hecho uso, por primera vez en la historia, de su potestad para impugnar cualquier normativa pública sin rango de ley que obstaculice la competencia en los mercados y, el pasado viernes, presentó el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a través de la Abogacía del Estado.

Desafía el reglamento de la UE

No sólo la Comunitat Valenciana se ha apresurado a prolongar los plazos de sus concesiones de autobús interurbano mediante medidas legislativas antes de que entrase en vigor el reglamento de la UE, que establece condiciones muy exigentes para autorizar la prórroga de los plazos concesionales.

Sin embargo, el decreto 24/2010 del Consell impugnado por Competencia ha sido aprobado tras la entrada en vigor del reglamento comunitario y ha sorprendido a la CNC, afirman las fuentes consultadas, por su especial laxitud en la renovación de concesiones.

Al final, aparte de garantizar el derecho de las empresas a concurrir en igualdad de condiciones en este mercado, la Comisión Nacional de la Competencia intenta revertir la normativa autonómica valenciana porque va "en perjuicio de los usuarios finales del servicio". La CNC defiende que se aplique, en la práctica, concursos públicos por procedimientos abiertos de licitación.