El PP de Calp obvió que Fenoll no tenía vertedero legal al contratarle la basura

El caso Brugal, por el que están imputados, entre otros, los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, y el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, también podría tener ramificaciones en la comarca de la Marina Alta. Calp compite con los municipios de la Vega Baja por hacerse un hueco en el escándalo de los contratos de basura presuntamente irregulares.

De hecho, en febrero de 1998, el equipo de gobierno del PP adjudicó a la empresa Colsur S. L., del grupo Proambiente y propiedad de Fenoll, el servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos. El contrato era por 25 años y la mercantil recibía del ayuntamiento 29,88 euros por tonelada de basura compactada y trasladada a un vertedero autorizado. El pliego de condiciones establecía claramente que la concesionaria debía disponer de un vertedero legal. De no cumplirse este extremo, el entonces alcalde, Javier Morató, podía rescindir el contrato.

Colsur, S. L., como después quedaría demostrado, no contó con vertedero autorizado hasta 1999. Sin embargo, Morató y el propio Fenoll firmaron el 24 de febrero de 1998 el contrato definitivo de concesión. El gobierno calpino no puso demasiado interés en confirmar si la mercantil disponía de basurero legal. Los técnicos municipales se curaron en salud al advertir que el vertedero "aparentemente" cumplía las condiciones de legalidad.

Además, el edil de Orihuela Miguel Ángel Robles, expulsado del PP al acusar de corrupción al alcalde de ese municipio, José Manuel Medina, y al ex conseller Luis Fernando Cartagena, ya entonces aseguró que ese adjudicación era irregular. Este concejal denunció que la mercantil de Fenoll arrojaba cada día 100.000 kilos de basura de Calp en el vertedero ilegal de los Vives, en la pedanía oriolana de la Murada. Aseguraba que el suelo de ese vertedero no estaba impermeabilizado y existía el riesgo de que las filtraciones contaminaran el agua de la potabilizadora de Orihuela.

"Trama de alcaldes del PP"

Las acusaciones de Robles, que también denunció que en tras las irregularidades en la basura había "una trama de alcaldes del PP", le valieron una querella por injurias y calumnias de Fenoll. Sin embargo, el juzgado lo absolvió en junio de 2001 al concluir que sus manifestaciones eran ciertas.

En el primer año de la concesión a Colsur, ocurrió en la planta de Calp en la que se trataba la basura para luego enviarla al vertedero un extraño episodio en el que se vieron envueltos Antonio Ángel Fenoll, encargado de Colsur e hijo de Ángel Fenoll, y Francisco Artacho, cuñado del diputado calpino del PP, Juan Roselló. Ambos y un empresario de Pego simularon un accidente para intentar cobrar una indemnización de 80.000 euros de las aseguradoras, según la sentencia de 2007 del Tribunal Supremo, que los condenó por un delito de estafa.

Artacho y Roselló están imputados por el supuesto sobrecoste de un millón de euros en las obras de la red transversal del agua de Calp (caso Aguas de Calpe).

De hecho, el diputado provincial del PP fue la mano derecha de Javier Morató durante sus 12 años de alcalde.

Mientras Ángel Fenoll tiene una relación estrecha con Calp, otro empresario implicado en el caso Brugal, Enrique Ortiz, parece tenerla con Benissa. El alcalde de este municipio y también diputado provincial del PP, Juan Bautista Roselló, fue administrador de Precios Urbanos, S. A., una mercantil del empresario alicantino. Mantuvo ese cargo en la empresa al llegar a la alcaldía en 1999. Tres años más tarde, trascendió que continuaba como administrador de una sociedad que se dedicaba a la promoción inmobiliaria.

Mientras tanto, la comisión de gobierno que presidía el propio Roselló adjudicó a Ortiz e Hijos las obras de restauración del seminario franciscano por una cuantía de 726.000 euros. El alcalde alegó que para entonces ya estaba fuera de la empresa, aunque ese cambio todavía no se había recogido en los datos del Registro Mercantil.