El Consell da marcha atrás y prorroga las subvenciones a las residencias

El conflicto destada por el fin del convenio de la Conselleria de Bienestar Social con la patronal de las residencias pareció llegar ayer su final, tras una llamada de la consellera Angélica Such al presidente de Aerte, Alberto Giménez. Así, la amenaza que se cernía sobre 1.800 ancianos y dependientes de quedarse en la calle en septiembre queda neutralizada.

La junta directiva de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), reunida ayer de urgencia en Valencia, informó de que la consellera contactó personalmente con su presidente de la entidad, Alberto Giménez, para confirmar que el Consell renovará el contrato con las residencias que disponen de plazas de accesibilidad concertadas, mediante el cual los casi 2.000 beneficiarios de las subvenciones podrán seguir disfrutando de las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia.

Según adelantó la patronal, la titular de Bienestar Social aseguró que no se eliminarán las subvenciones otorgadas en virtud de la Ley de Dependencia, lo que asegura la continuidad del servicio prestado a los usuarios y confirmó su presencia en la reunión que mantendrá el sector con representantes del Ejecutivo autonómico el próximo uno de septiembre, que se realizará un día antes de la asamblea general del sector, que se celebra el dos de septiembre.

En este sentido, Aerte mostró su confianza con el "compromiso" de Such y señaló que espera que éste "se materialice" en el citado encuentro, que tendrá lugar un día antes de la Asamblea General de la patronal.

Asimismo, transmitió un mensaje de "seguridad y tranquilidad" a los afectados, que "podrán seguir recibiendo los servicios sin ninguna alteración" cuando se haga efectiva la continuidad de las subvenciones, otorgadas en virtud de la actual Ley de Dependencia, que cubren hasta el ochenta por ciento de las mensualidades.

Desde la asociación recordaron que las personas que hasta ahora recibían ayudas para costear su plaza en una residencia han adquirido ese derecho en aplicación de la ley de Dependencia. En concreto, deben recibir "una atención profesional en un escenario de seguridad jurídica y de eficaz colaboración", de acuerdo con el "pleno desarrollo" de los servicios recogidos en la norma y en los acuerdos y compromisos adquiridos por el Consell, explicaron. El presidente de Aerte, Alberto Giménez, destacó "el papel clave de los medios de comunicación para evitar que desapareciesen unas ayudas tan importantes".

Inicio del conflicto

La polémica estalló cuando los familiares de los dependientes ingresados en las residencias fueron convocados paulatinamente por éstas, para comunicarles la decisión del Consell de no renovar las ayudas que recibían en virtud de la Ley de Dependencia. La noticia fue recibida con estupor e indignación por los parientes que vieron como de la noche a la mañana sus progenitores podían acabar en la calle, de forma que solicitaron el auxilio de los municipios y se organizaron rápidamente llegando incluso a planear manifestaciones para protestar por la decisión del Consell.