Vicente Burgos Antón, histórico del PP y uno de los «liquidadores» de RTVV, ha ingresado en prisión por el impago de una multa de 2.100 euros. El Consell premió a Burgos por su labor como liquidador de la Radio Televisió Valenciana y lo nombró en febrero jefe de gabinete del Consell Jurídic Consultiu. Vicente Burgos firmó el lunes pasado su renuncia al puesto y unas horas después ingresó en el centro penitenciario de Picassent. El político también fue gerente de la Fundació Jaume II El Just y la dejó en noviembre de 2007 con una deuda de nueve millones de euros.
El exgerente de la Fundació Jaume II era un hombre con un gran peso en el Partido Popular en los años noventa. Burgos fue presidente de Nuevas Generaciones y atrajo al Partido Popular a Francisco Camps, Gerardo Camps y Esteban González Pons.
Fuentes jurídicas apuntaron que Burgos tenía múltiples condenas en los juzgados de Valencia por delitos de tráfico cometidos en los últimos años. Los juzgados de ejecutorias llevaban meses detrás de él tratando de cobrar multas. El desencadenante de su ingreso en prisión es el impago de una multa de 2.100 euros por conducir sin carné. Burgos fue sorprendido en septiembre conduciendo a pesar de que tenía el carné retirado por una condena previa. El liquidador de RTVV ya había sido condenado, entre otras causas, seis meses antes por los mismos hechos. La policía lo detuvo el 8 de marzo de 2013 conduciendo a pesar de que tenía en vigor otra condena por la que le habían retirado el carné durante 22 meses.
La segunda vez que fue sorprendido circulando con el carné retirado causa que le ha llevado ahora a la cárcel asumió una condena 14 de meses de multa a razón de 5 euros diarios, según recoge la sentencia. El acusado no ha hecho frente a los 2.100 euros de multa y el juzgado de ejecutorias ha ordenado su ingreso en prisión. Burgos tiene que cumplir siete meses de cárcel (cada dos cuotas impagadas de la multa se transforma en un día de prisión).
Despedida del Consell Jurídic
La resistencia de Vicente Burgos a hacer frente a las condenas ha desperado a los responsables de los juzgados de ejecutorias. Al final, Burgos asumió la semana pasada que debía entrar en prisión y comunicó el viernes en el Consell Jurídic Consultiu que el lunes sería su último día de trabajo. El político esgrimió razones personales para abandonar un puesto al que había llegado en febrero y que según el baremo de la Generalitat tiene una remuneración media de 48.000 euros anuales.
