Abogada de la coordinadora de plataformas de la dependencia, luchadora incansable, experta en asuntos jurídicos de dependencia y discapacidad... Sandra Casas tiene ahora en su mano dar un giro de 360 grados a los servicios sociales y hacer, exactamente, lo que reivindicaba en la calle y peleaba en los juzgados. Ahora, como alto cargo del Consell se lleva las manos a la cabeza con la lista de asuntos pendientes que debe abordar. Todos igual de importantes e igual de «desatendidos» por un PP que «no ha hecho nada en 20 años».
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Tiene usted un bebé de 9 meses, el primero, además, que ha entrado en el Consell y que ha participado en reuniones, actos... ¿Dónde está ahora Frida?
En casa, descansando de su actividad parlamentaria (risas).
¿Desde cuándo ya no acompaña a su madre al trabajo? Estrenó usted casi a la vez la maternidad y su cargo como secretaria autonómica... casi nada...
No ha sido fácil, la verdad. Cuando me incorporé Frida tenía 15 días y Mónica Oltra me ofreció la oportunidad de conciliar. Soy una privilegiada, en la sociedad de hoy en día, porque no he tenido ningún problema. Yo estaba amamantando a Frida y quería hacerlo durante los seis primeros meses, que es lo que establece la OMS a pesar de que las bajas maternales son de cuatro meses y deberían aumentar. Desde Navidad, Frida se queda en casa con su asistente infantil.
Ha sido usted una luchadora incansable ante el copago. ¿Cuando está prevista la derogación completa? Aún está pendiente en residencias, y viviendas tuteladas y supervisadas...
Efectivamente, eso es lo que nos queda de copago. El copago que instauró el PP afectaba tanto a los que recibían una prestación como a las personas que optaban por ser atendidas en un servicio público. Y es importante distinguir entre los recortes de Mariano Rajoy y los de Alberto Fabra. En 2012, Rajoy decidió que para reducir el déficit público había que recortar las prestaciones de los cuidadores, única y exclusivamente. Tras ese recorte, que no solo fue económico sino que eliminó la seguridad social de los cuidadores „lo digo porque mucha gente nos pregunta: «la seguridad social, ¿cuándo nos la vais a devolver?» Y eso es competencia estatal„, Fabra introdujo otro recorte autonómico, que es el de las prestaciones en función de la capacidad económica del dependiente y su familia. Ese fue el recorte que supuso que hubiera usuarios que pasaran de cobrar 400 euros a 20. Pues bien, lo que ha eliminado el actual Consell son esos recortes de Fabra, de forma que las prestaciones han aumentado hasta la cuantía que establece el Gobierno central, que había sido recortada meses antes. Luego nos encontramos con los servicios, es decir, la gente que acude a centros de día, centros ocupacionales, de atención temprana, de rehabilitación e inserción social, residencias, viviendas tuteladas... Todos los centros de atención diurna pasan a ser gratuitos. No hacerlo sería como si le cobraras a un niño por ir al colegio.
Y entonces... ¿qué ha ocurrido con las residencias?
Pues que hay 43.000 millones de deuda, que somos la comunidad autónoma más endeudada de España y encima recibimos 1.500 millones de euros menos al año de lo que nos toca. El esfuerzo que hemos realizado ha sido importantísimo. Pero la Administración no alcanza para cubrir todo el gasto residencial. Evidentemente es lo que nos hubiera gustado.
Pero ¿se queda pendiente para una segunda fase o no se puede asumir?
No se puede asumir, de momento. Las plazas residenciales de mayores tienen un precio de referencia de 1.600 euros; las de diversidad funcional, 2.200, y las de enfermedad mental, 3.000 euros. Por cada persona, al mes. La Administración no puede asumir todas las plazas residenciales que hay. Nunca han sido gratuitas con el PP, siempre se ha aportado algo. Pero el PP, lo que hacía es que subía tanto la aportación que ahogaba a los usuarios porque les dejaban 100 euros para gastos personales, pero las residencias tenían excluido el pago de podología, peluquería... Es decir, las residencia cobraban de la Administración, de los usuarios y de lo que denominaban 'extras'. Nosotros lo que hemos hecho es, de entrada, que en los pliegos de licitación estos servicios se incluyan y que se puntuará como mejora para que las empresas lo incluyan dentro del concierto.
Apostáis por la universalidad en los servicios sociales, lo que significa que, en un futuro, toda aquella persona mayor que cumpla los requisitos podrá acceder a una plaza pública en una residencia... pero no hay centros públicos... ¿Cuál es el modelo del Consell?
El modelo es la universalidad de los servicios sociales. ¿Por qué una persona si sufre un ictus va a tener todos los servicios sanitarios que necesita pero luego, cuando se va a su casa, los servicios sociales no atienden sus necesidades? No tiene ningún sentido. No se puede atender a una persona en la fase aguda y en la fase crónica abandonarla. La gente aún piensa que los servicios sociales son atención a la exclusión social, pero son servicios de atención a la dependencia, a la diversidad funcional, a la infancia... son servicios a la comunidad.
Ya, pero hoy en día no hay una red pública de residencias y el envejecimiento de la población es una constante...
El PP apostó por un modelo de privatización y mercantilismo. Los pliegos de contratación eran al mejor postor pero hemos dado un giro de 360 grados para que el proyecto tenga más peso e incluya cláusulas sociales. Eso, de momento, mientras de forma gradual esos centros van regresando a lo público y dejen de estar gestionadas por empresas privadas. Porque el PP nos vendía la moto de que la empresa siempre lo podía hacer más barato y no es verdad. Por ejemplo, un centro ocupacional gestionado por una empresa tiene un coste de 42 euros al día y por la Administración pública, 38. Hay cuatro euros de diferencia. Ahora, además, nos vemos obligados a sacar concursos públicos porque el PP no ha construido en 20 años los servicios acorde a la demanda, porque apostaban por un modelo de privatización donde se lucran las empresas a costa de las necesidades públicas y de las personas.
¿Y cuál es la previsión del Consell?
Cada año, en la ley de presupuestos, hay una partida destinada a construcción. Estamos en un momento de transición en el que hay que mezclar lo privado con lo público.
Sus primeras actuaciones han ido dirigidas a la dependencia... ¿Se encontró un panorama peor al que se pensaba?
Ufff.. 45.000 personas en lista de espera en el sistema de atención a al dependencia ni nos lo esperábamos ni lo imaginábamos. El objetivo es incluir cada año 22.500 expedientes nuevos de la lista de espera. En 2013 el PP no resolvió ni un expediente. Los funcionarios llaman a este año 'el año del hambre' porque estaban de brazos cruzados. Me pongo nerviosa y todo, me indigna... Solo así nos pondremos al día y eso será en el 2018.
El Consell abrió un plazo de participación para la nueva ley de Servicios Sociales, que data de 1997. El plazo acabó el día 20 de este mes. ¿Han recibido muchas sugerencias?
El plazo se ha ampliado hasta el 31 de este mes, así que aún no hemos hecho recuento. Pero los ciudadanos somos muy cómodos, y es muy bonito gritar y no participar. Debe haber una corresponsabilidad. Esto es de todos. Y si uno quiere que los servicios sociales tengan esto o aquello hay que decirlo y trabajarlo.
Pero esta ley, a efectos prácticos, ¿qué va a suponer de cambio para el usuario? ¿Y para la Administración? Se necesita personal...
Necesitamos personal a espuertas. La ley abarca muchas cosas pero el objetivo principal es cambiar el modelo y pasar de uno asistencialista a otro de derechos subjetivos. Una cosa necesaria también es solucionar todo este sistema de mercantilismo y subastas públicas establecido durante 20 años. En diversidad funcional hay un gran abanico de asociaciones, de entidades sin ánimo de lucro que se han mantenido con subvenciones graciables, lo que significaba que un día te las podía dar y otro día, no. Nosotros queremos concertar, pero la ley de contratos no permite un concurso «protegido» y debe haber igualdad de condiciones para todos, lo que significa que las empresas 'se comen' a las ONG. Para solucionarlo hemos hecho lo siguiente: la ley de servicios sociales tiene rango de ley igual que la ley de contratos del sector público, así que vamos a incluir los conciertos protegidos para entidades sin ánimo de lucro y ONG para garantizar la gestión de estos servicios algo que beneficia, sin duda, al usuario.