El delito electoral arrastra a Grau y dos responsables del PP provincial

La investigación por el presunto delito electoral cometido por el PP de Valencia ciudad durante las campañas electorales de 2011 y 2015 ha acabado por arrastrar al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, y a dos antiguos responsables provinciales del partido, el evicesecretario de organización Juan José Medina y el gerente del PP en la provincia de Valencia, José Antonio Moscardó Úbeda. El juez del «Caso Taula», Víctor Gómez, ha decidido citar a los tres como «investigados» el próximo 19 de septiembre.

Una decisión que el juez adoptó el mismo día que escuchó las versiones contradictorias de las que hasta ahora eran las dos únicas imputadas por delito electoral: la exsecretaria del grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia, Mari Carmen García-Fuster, y la gerente provincial del PP en 2015, Montserrat Tello. Unas contradicciones que, en el fondo, revelan el descontrol que existía en los gastos electorales del partido que ha dirigido el Ayuntamiento de Valencia durante veinticuatro años. El grupo municipal popular recibía donaciones anónimas, prohibidas por ley y por el propio partido, y cargaba los gastos electorales a una cuenta opaca a la fiscalización obligatoria del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, García-Fuster desvió al PP provincial el control de todos los gastos que, declaró, ella se encargaba de remitir diligentemente. Una afirmación que la gerente provincial del PP y administradora de la candidatura electoral rechazó de forma tajante al negar que desde el PP de Valencia se remitiera ningún tipo de información sobre los gastos electorales. Aunque, si el PP provincial no los recibía, tampoco los exigía.

De ahí que para aclarar este embrollo, el juez haya decidido citar a declarar, como investigados, a los responsables de las campañas electorales en el PP de Valencia ciudad y provincia en 2011 y 2015.

Alfonso Grau fue el coordinador general de las campañas electorales de 2011 y 2015, cargo que tuvo que abandonar cuando dimitió de todas sus responsabilidades municipales en marzo de 2015, tras su imputación en el caso Nóos. El exvicealcalde también era una de las cuatro personas autorizadas en la cuenta opaca del grupo municipal que investiga la justicia. Aunque en su declaración como testigo por el presunto blanqueo derivó en García-Fuster el «control de las cuentas». Una pelota que la exsecretaria del grupo popular y alter ego de Rita Barberá devolvió al tejado de Grau al declarar el pasado lunes que Grau fue «el máximo responsable de la campaña electoral» de 2011. Una responsabilidad que se dividió entre varias personas tras la marcha de Grau, aunque García-Fuster no las identificó.

La responsabilidad en cadena sobre las cuentas electorales también ha afectado al exvicesecretario de organización del PP provincial y exalcalde de Moncada, Juan José Medina (imputado en la causa principal del «Caso Taula» por formar parte de la presunta red organizada para cobrar mordidas a cambio de contratos en la Diputación de Valencia) y mano derecha del expresidente provincial popular, Alfonso Rus.

Medina era uno de las tres personas autorizadas en la cuenta bancaria del PP provincial donde, presuntamente, deberían haberse cargado todos los gastos electorales y donaciones al PP de Valencia. Una obligación legal y estatutaria que los responsables del partido (imputado como persona jurídica por el presunto blanqueo de capitales cometido por los concejales y asesores del PP de Valencia) niegan que cumplieran los responsables del partido en la ciudad. «Valencia iba por libre», aseguraron ayer fuentes del PP a Levante-EMV sobre la obligación de rendir cuentas a la estructura provincial. La citación a Medina confirma que la cuenta bancaria del PP provincial también está siendo investigada en el «Caso Taula».

Junto a Medina comparecerá como investigado el exgerente del PP provincial y exconcejal en Serra, José Antonio Moscardó Úbeda, quien también fue administrador de la candidatura provincial del PP en 2015.

La lista de imputados por el presunto delito electoral también se extiende al asesor del PP en Valencia y administrador de la campaña electoral de 2015, Alejandro Fernández-Checa. El asesor era el titular de una cuenta abierta a su nombre donde estaban depositados 18.000 euros procedentes de la lotería del PP de Valencia. Una cuenta que afloró tras iniciarse la investigación por el presunto blanqueo de capitales y después de que la actual gestora del PP de Valencia comunicara su existencia al juzgado.

Por último, el magistrado del «Caso Taula» también ha citado a declarar el mismo día que Grau, Medina y el resto, como testigo, a la mujer de un asesor del PP de Valencia, relacionado con las fundaciones Valencia Crea y Valencia Escena Oberta (VEO).