Cerca de 6.000 dependientes pueden pedir indemnizacionespor el copago del PP

Indemnizar por lo que el anterior Gobierno de la Generalitat legisló de manera errónea. Las plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana están haciendo un llamamiento masivo para que los dependientes afectados por los recortes del anterior gobierno autonómico reclamen a la administración actual todo el dinero cobrado de manera irregular o que dejaron de percibir entre noviembre de 2012 y diciembre de 2015.

Un llamamiento que se produce tras una reciente sentencia que declara nulo tanto el copago aplicado por el anterior gobierno de la Generalitat para aquellos usuarios de los centros de día y ocupacionales, como el recorte que se aplicó en la comunidad al salario de los cuidadores de personas dependientes.

«Queremos que la gente sepa que existe un plazo concreto para reclamar este dinero por vía administrativa, mediante solicitud de responsabilidad patrimonial», señaló ayer Mª Carmen Prats, coordinadora de las plataformas. Cerca de 6.000 dependientes en la Comunidad Valenciana se vieron afectados en su momento por estos recortes y por tanto podrían acogerse a esta vía, aunque algunos de ellos ya acudieron a la judicial, lo que amenaza con colapsar la Conselleria de Igualdad.

Fuentes cercanas al departamento de Mónica Oltra señalan que la vía de la responsabilidad patrimonial está ahora mismo saturada debido a los recursos de los familiares de los dependientes que fallecieron esperando las ayudas y por la falta de funcionarios. No en vano, la Conselleria de Igualdad ha reclamado 251 funcionarios más para poder hacer frente al atasco de trabajo, según se ha puesto de manifiesto a través del Plan de Recursos Humanos.

Ante esta amenaza de colapso, las plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia han pedido a la Conselleria de Igualdad que actué de oficio y devuelva este dinero a los dependientes.

La sentencia del Tribunal Superior a la que se acogen las plataformas tiene fecha del 15 de marzo de 2016 y fue presentada por la abogada Sandra Casas, antes de entrar a formar parte del gobierno de la Generalitat como secretaria autonómica de la Dependencia. La sentencia fue publicada en el DOGV el pasado mes de julio y a partir de entonces, según explica Sandra Casas, «los dependientes tienen un año para reclamar estas cantidades mediante una solicitud de responsabilidad patrimonial».