La grave crisis que se abrió el pasado verano en la organización valenciana Verds-Equo, socia de Compromís, y que llegó a su punto culminante con la expulsión de ocho afiliados que denunciaron supuestas irregularidades en el proceso de elección de cargos en la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente ha acabado en los juzgados.
Representantes de la Plataforma por la Transparencia del citado partido VerdsEquo interpuso la semana pasada una demanda contra la cúpula dirigente del partido verde por vulneración de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de asociación con motivo de las medidas disciplinarias que se adoptaron en su día contra los críticos.
La demanda, que fue presentada por vía de urgencia por el letrado Francisco Sanz en el juzgado de lo civil de Valencia, solicita que se declaren nulas las sanciones. Cabe recordar que los afectados (la mayoría de ellos, con un larga trayectoria en el mundo del ecologismo) fueron expulsados por un periodo de dos años. La sanción incluía la imposibilidad de ejercer cargo orgánico alguno por un período de cuatro años.
Oficialmente, la dirección de Verds-Equo controlada, entre otros, por el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Alvaro, justificó en su momento la expulsión en que los críticos habían «creado mal ambiente» en la organización.
Echaron en cara también su actitud «provocadora y difamatoria» por haber convocado una rueda de prensa en la que detallaron lo que, a su entender, fueron casos de enchufismo en la contratación del personal de confianza en la conselleria por parte de la cúpula directiva, por lo que se contravinieron las normas internas de la organización que obligaban a un proceso selectivo interno. Algunos de los expulsaron denunciaron también situaciones de acoso.
Salida de cargos y asesores
La expulsión de los críticos coincidió con la salida de algunos cargos y asesores, una situación que puso al descubierto el descontento interno en las áreas de gobierno que en virtud del pacto del Botànic quedaron en manos de Verds-Equo.
La sentencia, según el comunicado de prensa del colectivo afectado, se apoya en una reciente resolución del Tribunal Constitucional sobre un caso que, en opinión de los demandantes, es extensible a lo que a ellos les ocurrió: utilización del poder orgánico de un partido mediante irregularidades para impedir la libertad de expresión y de crítica y como «una forma perversa» de deshacerse de los adversarios políticos.
Los demandantes indican que su objetivo es visibilizar «unas prácticas viciadas que, aunque no son exclusivas de la formación verde, en ella resultan mucho más incomprensibles todavía al tratarse de un partido que reivindica «un espíritu renovador de la política a partir de una mayor transparencia y participación democrática».
Para los disidentes, con ellos se aplicaron recetas de la vieja política y se malogró la imagen del partido.
Si la demanda prospera, será un varapalo para sus actuales dirigentes y, por extensión para Compromís, que en su momento, no intervino en el proceso. Verds-Equo es una de las tres patas sobre las que se asienta la coalición. Las otras dos, mayoritarias, son el Bloc e Iniciativa.