La ley establece que el Estado aportará la mitad del gasto total requerido para financiar los servicios dirigidos a garantizar la autonomía o la atención de los ciudadanos en situación de dependencia. La realidad es muy otra. La Plataforma en Defensa del Trabajo Social en España denunció ayer a la vista del Real Decreto aprobado por el Gobierno el último día hábil de 2017, que el Estado apenas cubrió el 17,4 % del gasto real para sostener el sistema de dependencia a lo largo de 2016. Es la fórmula habitual del Gobierno de Mariano Rajoy para vaciar de contenido las leyes en las que no cree.