El Ayuntamiento de Alicante ha reclamado que el empresario Enrique Ortiz sea condenado al pago de una multa de 63 millones de euros por los presuntos amaños en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, así como a penas que suman cinco años de prisión.
La petición se ha formulado ante el juzgado que investiga las supuestas irregularidades en la tramitación del planeamiento urbanístico de la ciudad y por las que también se sentarán en el banquillo, entre otros, los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.
La cuantía de la multa ha venido determinada por el polémico informe aportado por la corporación a la causa en el que se cifra en 42 millones el beneficio que habría obtenido el empresariuo con el planeamiento bajo sospecha. Las acusaciones contaron que el empresario tuvo información privilegiada del futuro planeamiento urbanístico de la ciudad cuando todavía no era público a cambio de dádivas y regalos a los representantes municipales.
Tanto el Ayuntamiento como Esquerra Unida presentaron ayer ante el juzgado que investiga esta pieza separada del caso Brugal sus escritos de conclusiones, donde también EU reclama que Ortiz pague una multa de 42 millones en base a este supuesto beneficio, aunque también pide su pago para los dos exalcaldes de la ciudad.
Algunas defensas han cuestionado las conclusiones de ese informe, que aún no se ha incorporado a la causa, al asegurar que contiene datos que son falsos. En esta línea, Castedo ha recurrido para intentar que se reabra la querella que presentó contra el edil de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, y contra un arquitecto municipal por las supuestas falsedades del informe.
El documento no se había incorporado a la causa del PGOU por motivos formales. El juez dijo que no era el momento procesal oportuno, pero dejaba abierta la posibilidad a que las acusaciones lo hicieran en un futuro, cuando presentaran sus escritos de conclusiones provisionales. EU y el Ayuntamiento aportaron el informe con sus acusaciones y las fuentes consultadas por este diario apuntaron a que la Fiscalía podría hacerlo hoy cuando previsiblemente presente el suyo.
El Ayuntamiento de Alicante reclama penas que suman cuatro años y nueve meses de multa para los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo por los presuntos amaños en la tramitación del PGOU para beneficiar a Ortiz a cambio de dádivas, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario.
Para Sonia Castedo y para Luis Díaz Alperi se piden cuatro años y un día por un delito continuado de cohecho, otros nueve meses de cárcel por tráfico de influencias y el pago de una multa de quince meses y un día a razón de 20 euros diarios (9.020 euros) por revelación de información privilegiada.
También se pide la inhabilitación de Alperi durante 16 años y nueve meses por estos delitos y por prevaricación, aunque en este último caso a título de cómplice; mientras que para Castedo las penas de inhabilitación suman 15 años y nueve meses.
Dádivas y regalos
El abogado del Ayuntamiento pide el pago de multas por las dádivas presuntamente recibidas por los dos representantes municipales del empresario Enrique Ortiz.
En el caso de Alperi se pide el pago de dos multas de 679.736 euros ; mientras que para Castedo asecenderían a 389.849 euros. Entre estas dádivas se encuentra, el pago de un viaje a Creta a Alperi en un jet privado, a quien también habría entregado cantidades en metálico en su casa. Además, habría realizado aportaciones de dinero en una mercantil del hijo del exalcalde, Otto Luis Díaz a quien también ayudó a terminar las obras de un edificio.
A Sonia Castedo habría pagado dos viajes a Andorra en las navidades de 2008 y 2009, así como vacaciones en el yate del empresario en Ibiza los veranos de esos años y un Mini Cooper para una persona allegada a la exalcaldesa.
Por su parte, Esquerra Unida reclama penas que suman diez años de prisión para Alperi y Castedo. EU, a quien representa en la causa el abogado José Luis Romero, les imputa delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias, aunque a Castedo la acusa también de un delito de prevaricación por el que le reclama otros diez años de inhabilitación.
Para el empresario Enrique Ortiz, el letrado reclama también penas que suman más de cinco años de cárcel: cuatro años y un día por un delito continuado de corrupción de autoridades públicas; seis meses y un día por aprovechamiento de información privilegiada; y nueve meses y un día por tráfico de influencias. Por su parte, EU reclama para Ortiz penas que suman trece años de cárcel por aprovechamiento de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias.
