El consejo de administración de Divalterra, la empresa pública de la Diputación de València conocida antes como Imelsa, aprobó el pasado lunes dar un plazo de tres meses para que los ayuntamientos donde están distribuidas las 56 brigadas forestales se ajusten a la normativa vigente en seguridad e higiene en el trabajo y acondicionen las bases donde operan los brigadistas de la provincia. El consejo también acordó la instalación de ocho nuevas bases.
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Una inspección de Trabajo denunció el estado de varias de las 56 instalaciones de las brigadas por no cumplir con las condiciones de higiene laboral que establece la ley estatal.
Tras el requerimiento, Divalterra se ha puesto en contacto con los ayuntamientos para que acometan reformas en las bases, que sirven a los brigadistas como lugar de encuentro y aseo antes y después de su trabajo en el terreno.
En los últimos años, según fuentes de la corporación, el estado de algunos de estos espacios empeoró sustancialmente y la Inspección del Trabajo amenazó con sanciones económicas a la empresa pública provincial.
Esta elaboró a lo largo de 2017 un informe en colaboración con la Universitat Politécnica de València para mejorar la distribución territorial de las bases y analizar su estado. El estudio dictaminaría si habría cambios en la localización de las bases y, por ello, Divalterra quiso esperar a los resultados para instar a los ayuntamientos a adecentar estos espacios.
Responsabilidad local
El estudio propone instalar ocho nuevas bases y dar de baja cinco. En total, 56 lugares distribuidos por la provincia de València.
Los ayuntamientos ceden el terreno a Divalterra para instalar una base una brigada forestal y se ocupan asimismo de la gestión, la adecuación y el buen estado de estos espacios, de acuerdo con las fuentes consultadas. Los salarios de los brigadistas corren a cargo de la empresa de la diputación.
Divalterra abrió ayer un plazo de tres meses para realizar las reformas y mejoras necesarias. Se trata de «dignificar» las zonas de trabajo de los brigadistas, explicaron ayer fuentes de la institución que preside Jorge Rodríguez.
En el mismo documento aprobado por el consejo de administración se asesora a los municipios sobre cómo cumplir con los requisitos que establece la normativa.
Según lo acordado, si los ayuntamientos no cumplen con el encargo realizado se retirará la base del municipio y se establecerá en otro lugar de la provincia que tenga necesidad de este servicio.
Prevención de incendios
El mencionado estudio, por otra parte, evaluó la conveniencia de las unidades de brigadas forestales en cada territorio. Las funciones de los brigadistas pasan por la silvicultura preventiva (cuidado y cultivo de los montes), la limpieza de la masa forestal y la construcción y mantenimiento de cortafuegos.
De esta manera, un total de 560 brigadistas trabajan en la prevención de incendios. Cada base cuenta con diez personas que se dividen en dos turnos.
Divalterra apremia a los ayuntamientos a acometer las mejoras oportunas en las bases, ya que la campaña contra los incendios comienza a finales de marzo, con las vacaciones de Semana Santa como fecha de inicio.
Fuentes de la diputación aseguraron que se está «potenciando» la relación entre las brigadas y el Consorcio de Bomberos para mejorar las tareas de prevención y extinción del fuego. Los brigadistas solo pueden intervenir una vez iniciado el fuego si Emergencias lo solicita.