13 de marzo de 2018
13.03.2018

La Fiscalía denuncia los 22 contratos «zombis» de profesores de religión

El Ministerio Público presenta una querella por malversación, prevaricación y fraude a la administración

13.03.2018 | 04:15

La sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de València ha presentado una querella por la contratación de 22 profesores de religión «zombis» que cobraban un sueldo público de la Conselleria de Educación sin dar clases. Según confirman fuentes del Ministerio Público a Levante-EMV, los delitos que la Fiscalía pide a un juzgado (el que corresponda por reparto) investigar son los de prevaricación, malversación y fraude a la administración en subvenciones, aunque no ha trascendido contra quién se dirige la querella, que podría salpicar a responsables de la Conselleria de Educación durante el anterior ejecutivo popular o del Arzobispado de València ya que los profesores contratados cobraban de la conselleria pero realizaban su trabajo en las diócesis de València, Alicante o Castelló.

La querella tiene su origen en una denuncia del grupo parlamentario de Compromís en las Corts, hecha pública por la diputada Isaura Navarro, en la que se ponía en conocimiento de la justicia el supuesto «nombramiento ficticio de 22 personas» que cobraban de la administración autonómica pero trabajaban para distintas diócesis de las tres provincias. Un «apaño» que podría haber supuesto un desvío de fondos públicos de 9 millones.

Desde el Partido Popular aseguraron a Levante-EMV que «la existencia de los asesores docentes (en sentido amplio) y la problemática en torno a los mismos viene de la etapa de la preautonomía (ya con el PSOE en educación)». Fuentes populares añaden que «el expediente completo de la regularización de los puestos de asesores docentes se realizó durante 2014 y 2015, por tanto fue el Partido Popular quien realizó el expediente para dar cobertura legal a esta situación» a través del decreto 126/2015 de 31 de julio, firmado ya por el Govern del Botànic, aunque «es una evidencia que el expediente fue preparado y elaborado de forma completa por el anterior gobierno del Partido Popular».

Y añaden que «los docentes de religión volvieron a los centros de trabajo de forma preventiva mientras se tramitaba el decreto, por lo que la regularización se hizo antes de cualquier denuncia (de Compromís) y por el gobierno del PP».

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