En medio de la tormenta social que ha desatado la sentencia de la Manada y las críticas que desde diferentes sectores se ha hecho a la magistratura por la ausencia de perspectiva de género en sus resoluciones judiciales, la Conselleria de Justicia tiene listo un suerte de plan de choque para suplir estas deficiencias en la formación de juces. Ya la nueva rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, avanzó en Levante-TV la firma de un convenio con la Generalitat para formar al personal de Justicia y a miembros de la judicatura en violencia de género. Pero este convenio de formación no es el único que se está impulsando.
La titular de Justicia, Gabriela Bravo, acaba de firmar un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, órgano del que su día fue miembro y portavoz, para asegurar que la perspectiva de género entra también en los tribunales de Justicia de la Comunitat Valenciana. El documento, que está previsto que se apruebe hoy en el pleno del Consell, viene a rescatar un acuerdo de hace años entre el órgano jurídico y la Generalitat sobre cursos de información. De hecho, 2010 fue él últim año en el que el convenio se actualizó.
Ahora, el Consell lo retoma, pero poniendo en foco en la igualdad entre hombres y mujeres y, en concreto, en violencia de género. Aunque este acuerdo se gestó antes del polémico fallo del caso de La Manada verá la luz en un momento en el que se reabierto el debate sobre la importancia de todos los operadores implicados en asuntos de la violencia de género, tengan formación en igualdad. En estos momentos, la formación se circunscribe a los juzgados de la mujer, pero en muchas ocasiones es inexistente en otros juzgados. El objetivo, por tanto, es que estas actividades se puedan extender a otras sedes judiciales.
El convenio está dotado con un presupuesto de 50.000 euros. que correrá a cargo de la Generalitat el primer año. Según consta en el documento, el Consejo General del Poder Judicial aportará los medios materiales y personales que sean precisos y sin aportación económica, «toda vez que en dicho año ha comprometido la partida presupuestaria destinada a la formación descentralizada en el ámbito de la Comunidad Valenciana en la financiación del Plan Territorial de esta Comunidad para el año 2018».
Por otro lado, la Conselleria de Justicia también tiene previsto aportar 50.000 euros para cada uno de los convenios que tiene previsto firmar con las universidades de València, Castelló y Alicante.
En este caso, el objetivo es poner en marcha actividades de investigación orientadas a proporcionar un mayor conocimiento en materia de género a personas que trabajan con víctimas de violencia de género. Así, se busca diseñar el itinerario formativo adecuado para la formación del personal de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito, en modo presencial y on-line. Además, se formará al personal al servicio de la Administración de Justicia, así como a jueces , fiscales, letrados de administración de justicia y todos aquellos operadores jurídicos con relación en la materia. El acuerdo está pendiente de su negociación con el CGPJ.
Por otro lado, se quiere poner en marcha por parte de las universidades la formación en análisis de género. El segundo gran apartado será la investigación, en concreto, el análisis y evaluación de la aplicación y cumplimiento de la normativa vigente y de los convenios así como de los protocolos en violencia de género.
