Las acusaciones del caso Blasco, que ha investigado el desvío de las ayudas a la Cooperación, deberán rebajar las penas de cárcel que solicitaron en dos de las tres piezas separadas que quedan por juzgar si quieren evitar un retraso de «dos o tres años más» en la instrucción. La sección quinta de la Audiencia de València es la encargada de juzgar las dos piezas (en un sólo juicio) que han investigado el desvío de entre cuatro y cinco millones que debía destinarse a crear escuelas, luchar contra el sida en África o construir un hospital en Haití pero que acabó en los bolsillos de los veinticuatro acusados, entre ellos el exconseller, Rafael Blasco.
Y ha sido la sección quinta la que ha dictado una resolución en la que advierte a las acusaciones que si la causa debe juzgarse como un procedimiento abreviado (tal como se ha instruido) las penas de cárcel individualizadas no pueden superar los 9 años de cárcel. La Fiscalía Anticorrupción solicitaba 167 años de cárcel para los 24 acusados, con penas de 21 años de cárcel para el empresario, Augusto César Tauroni o 16 años para el exconseller Rafael Blasco. La Abogacía de la Generalitat y la Coordinadora valenciana de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (CVONGD) solicitaban penas que suman 172 años y 150 años de cárcel, respectivamente. De nuevo Tauroni y Blasco, con 22 y 17 años de cárcel respectivamente, eran quienes se enfrentaban a las mayores peticiones de prisión.
De ahí que ahora las acusaciones tienen dos opciones. Si quieren mantener la petición de penas, la causa debería pasar de procedimiento abreviado a sumario o procedimiento ordinario. Un cambio que, a efectos prácticos, supondría «devolver la causa al Juzgado de Instrucción 21 para realizar indagatorias sobre todos los acusados, encargar dos peritajes» entre otros trámites, lo que podría suponer un retraso de dos o tres años más en la resolución de este caso que comenzó a investigarse en 2011.
La opción más rápida es mantener como procedimiento abreviado la causa ante la Audiencia de València, pero rebajar la petición de penas a menos de nueve años de cárcel. Una opción por la que optarán las acusaciones, según pudo saber ayer Levante-EMV de fuentes conocedoras de los hechos.
La causa, no obstante, está pendiente de que se alcance una conformidad entre las acusaciones y la Fiscalía Anticorrupción que evitaría la celebración del juicio y garantizaría la rápida recuperación del dinero saqueado.
Precisamente ayer también se conoció que el juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de València ha autorizado seis días de permiso al exconseller de Solidaridad y Ciudadanía 'popular' Rafael Blasco, condenado a seis años y medio de prisión por malversar ayudas al Tercer Mundo, según informa la agencia Europa Press.
El magistrado toma esta decisión tras recibir el informe favorable a la concesión del permiso por parte de la Junta de Tratamiento, elaborado el 7 de junio y trasladado al juzgado el 28 del mismo mes, según consta en un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Posteriormente, se acordó remitir esta propuesta al Ministerio Fiscal, que informó de que no se oponía a que el exconseller abandone la cárcel de Picassent por estos seis días. Tras este procedimiento, ha sido el juez de Vigilancia Penitenciaria el encargado de autorizar este permiso ordinario. Según la resolución, «a la vista de la documentación aportada por la Junta de Tratamiento, de la que se desprende que se informó favorablemente dicho permiso, por lo que teniendo en cuenta los restantes datos facilitados y que el permiso puede redundar en beneficio del interno y en la consecución de la rehabilitación del mismo, procede su aprobación». En marzo el juzgado y la Fiscalía se opusieron al permiso. Blasco dispone de seis días de libertad, que podrá disponer de dos en dos o de tres en tres y en distintas fechas, según criterio del centro penitenciario.