La exdirectora general de Promoción Institucional desde 1998 a 2014, Dora Ibars, está procesada desde 2016 en la pieza separada de la trama Gürtel que investiga los contratos menores con Orange Market. Ibars está acusada de dos delitos de prevaricación administrativa por los que se enfrenta a dieciséis años de inhabilitación. La acusación particular, que ejerce el PSPV-PSOE eleva esta acusación hasta los tres años y medio de cárcel y once años de inhabilitación porque la considera autora de los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, por los contratos que autorizó a las empresas de Francisco Correa entre 2004 y 2009.
El juez de la Audiencia Nacional decidió procesarla porque encargó la construcción del stand de grandes eventos de la Generalitat para Fitur 2009 a la empresa Orange Market «sin tramitar procedimiento de contratación alguno y sin respetar los principios de transparencia, publicidad y concurrencia», según la Fiscalía Anticorrupción.
Sin embargo, tres años después del auto de procesamiento, la exdirectora general de Relaciones Institucionales defendió ayer la legalidad de este contrato que, justificó, se adjudicó a Orange Market por «la premura» con la que se tuvo actuar debido «a un error», según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de su declaracion.
El «error» consistió en que la Conselleria de Turismo había adjudicado a Orange Market el diseño y construcción del stand de la Agència Valenciana de Turisme para Fitur, además del diseño del de grandes eventos (contratos por los que se condenó a la cúpula de Turismo y los cabecillas de la Gürtel en otra pieza separada).
Según el relato de Dora Ibars, a menos de un mes de la celebración de Fitur se dieron cuenta que la construcción del stand de grandes eventos (en el que participaban trece fundaciones y empresas públicas) estaba en el aire. Cada entidad podría haber recurrido a sus propios proveedores, pero se decidió que fuera Orange Market la que ejecutara este espacio ya que eran quienes lo habían diseñado y debido al escaso tiempo con el que contaban. «No hubo mala intención en esta decisión», declaró Ibars ayer.
Toda la operación fue «negociada, decidida y dada por hecho, a pesar de que [Dora Ibars] no tenía competencias para ello», según relata el auto de apertura de juicio oral. Incluso «decidió los importes a facturar a los distintos expositores (las fundaciones y empresas públicas), que no habían pedido presupuesto y sin que estos hubieran negociado con Orange Market los importes de pago y sus reales necesidades».
Además de defender la legalidad de la contratación del stand de grandes eventos (en contra de lo defendido por Anticorrupción y el juez instructor), Ibars también negó haber recibido en el trámite de esta polémica adjudicación «ninguna orden, ni sugerencia de Francisco Camps. Nunca he hablado con él de este tema. He estado en la Generalitat desde [la época de] Zaplana hasta 2014 y nunca he recibido ninguna presión», declaró, según explican varias fuentes conocedoras de su declaración.
«He visto a Camps en dos bodas»
También compareció ante el juez José de la Mata el empresario Francisco Correa, encarcelado por los contratos de la trama Gürtel con la administración valenciana y madrileña. Correa asumió la decisión de abrir Orange Market tras «un mitin en las elecciones que fue un éxito y fuimos muy felicitados», en contra de lo declarado por Álvaro Pérez y Ricardo Costa de que fue Camps quien propició la creación de Orange Market en València. Correa negó conocer a Camps, «sólo he coincidido con él en dos bodas (la de la hija de Aznar y la de El Bigotes)», pero admitió que Álvaro Pérez sí que contaba que tenía «mucha relación con Francisco Camps» aunque destacó que su subalterno era «un buen comercial con mucha imaginación».
