El Consell Jurídic Consultiu avala en un dictamen emitido ayer la explotación de las depuradoras de la Generalitat por parte de Egevasa a través de un convenio firmado en 1997 que se ha prorrogado tácitamente desde entonces. El órgano considera que este acuerdo sigue en vigencia y no se le debe aplicar el límite temporal de cuatro años que recoge la Ley del Sector Público porque se trata de una encomienda de gestión.
El Jurídic contradice así la postura de la Conselleria de Medio Ambiente que gestiona las depuradoras a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar). Busca rescindir el convenio con Egevasa, la empresa pública de la Diputación de Valencia y de Global Omnium, porque creen que el marco legal vigente no permite prorrogar los convenios actuales y debe sacar a licitación la explotación de 59 depuradoras.
Además, el departamento de Elena Cebrián explicó que tampoco era posible suscribir nuevos convenios con condiciones parecidas a las ya existentes dada la naturaleza privada de parte de Egevasa. Sin embargo, el Jurídic observa que cuando la empresa pública vendió el 49 % de su titularidad a Aguas de València en 1998 ya se recogía en sus pliegos el convenio ya suscrito con Epsar en 1997.
Así, la diputación celebra que el Jurídic falle a su favor porque ahora es decisión de la conselleria si rescindir o no el contrato, pero se certifica que es legal como ya hizo la Abogacía de la Generalitat en 2017. De hecho, el órgano que dirige Margarita Soler ratifica que no es necesario un nuevo convenio «sin perjuicio de la facultad de rescisión unilateral que prevé la cláusula novena del convenio». Por este artículo, la conselleria podría suspender el convenio y licitar la explotación de las 59 depuradoras.
Durante el mes de noviembre se produjeron manifestaciones de trabajadores de Egevasa que veían peligrar su futuro. El secretario autonómico de Medio Ambiente, Fran Quesada, aseguró que el Consell asumiría a los trabajadores de la empresa respetando las condiciones de 400 trabajadores.
Además, la diputación plantea al Jurídic que la Epsar quiere dar por finalizado el actual contrato y estudia proponer uno nuevo. En ese caso, el órgano asesor cree que de firmarse un nuevo convenio interadministrativo en 2019 «bien por la pérdida de vigencia del suscrito en 1997 y sus prórrogas o bien por suponer la realización de tareas o prestaciones distintas [...] no será posible la encomienda directa». Es decir, no se podría hacer una adjudicación directa sino que tendría que participar en concurso público respetando el principio de igualdad y competencia libre.
Tras el dictamen, Toni Gaspar y la consellera se han emplazado a una reunión la próxima semana. Cebrián respondió el 18 de enero a una pregunta en las Corts sobre la renovación del convenio que la decisión sobre el futuro de la gestión de las depuradoras «se producirá en su momento de común acuerdo con la diputación, dentro de la estrecha relación que mantienen».
El consejo de administración de la empresa pública está convocado el lunes para que el presidente, el diputado Voro Femenía, dé cuenta del dictamen del Consell Jurídic al resto de miembros.