Blindar por ley el derecho a ser entendido en valenciano

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) lanzó ayer a los partidos políticos una propuesta de Ley de Igualdad Lingüística que contempla el derecho de las personas que hablan valenciano a ser entendidos en esta lengua cooficial de la Comunitat Valenciana, no solo en su relación con la Administración y servicios públicos, sino también en comercios, restaurantes, cines, empresas... El derecho a la «disponibilidad lingüística», así lo llaman, no obliga a ninguna persona que trabaje en la atención al público tanto en el sector público como privado a hablar en valenciano, pero exige la comprensión de esta lengua para evitar discriminaciones.

ACPV, que incide en que ninguna persona «puede ser discriminada por usar una lengua oficial» en la C. Valenciana, también propone que la ley de igualdad lingüística incluya en los procesos de acceso a la función pública el requisito del conocimiento del valenciano, no solo mediante un certificado oficial sino con una prueba práctica que demuestre su comprensión. Para las personas que ya son funcionarias de la Administración Pública, el conocimiento del valenciano sería un mérito a la hora de promocionar.

Acció Cultural subraya que después de 35 años, la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) «se ha quedado obsoleta y resulta insuficiente al no fijar obligaciones ni garantizar el uso de la lengua».

Fin de la exención

En este sentido, incide en que la nueva ley de igualdad lingüística termine con la exención de la asignatura del valenciano en los 146 municipios de predominio lingüístico castellano, un territorio en el que vive el 13 % de la población autonómica. Esta exención, denuncia, «era provisional y se ha convertido en definitiva». Además argumentan desde ACPV que carece de sentido que a los alumnos se les obligue a estudiar inglés y no el valenciano, lo que «es un trato desigual y les resta oportunidades laborales de cara al futuro».

Este proyecto para equiparar los derechos de los hablantes de las dos lenguas oficiales incluye «la unidad de la lengua y la superación del conflicto de nombres con la equivalencia de catalán y valenciano avalada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo», así como también una de las asignaturas pendientes del Botànic según ACPV: la reciprocidad entre TV3 y À Punt.