Los políticos han vuelto a la carga de cara al mes de septiembre y parece que la oposición lleva la avanzadilla. A falta de actos y declaraciones públicas de la mayoría de miembros del Consell durante las últimas semanas de agosto, los representantes políticos del Partido Popular y Ciudadanos han querido aprovechar este vacío para «colar» sus mensajes. Las principales armas arrojadizas contra el Botànic II: la educación y la lengua valenciana en los colegios, y la falta de avances para paliar la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.
Beatriz Gascó, la portavoz de Educación del PPCV, pidió ayer documentación al Consell para «demostrar» que el conseller de Educación, Vicent Marzà, «obliga a los colegios a aplicar un proyecto lingüístico ilegal». Según explicó Gascó, las encuestas lingüísticas que el Consell ha realizado en los centros educativos «están incluidas en el Decreto de plurilingüismo que fue tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por considerarlo ilegal, lo que demostraría que la conselleria insta a los centros a incumplir las sentencias judiciales y a actuar al margen de la ley».
Por eso, desde el PP solicitan saber «quién se va a encargar de espiar el uso del valenciano en los centros» y quieren saber «el número de quejas que se han interpuesto por imponer el valenciano fuera del horario lectivo», lo que afirman que hace el Consell, en referencia a las actividades lúdicas y extraescolares.
En la misma línea se han expresado en los últimos días desde Cs. Merche Ventura, portavoz adjunta del partido en la Comunitat, calificó de «intolerable» la «persecución al castellano en los colegios valencianos». A pesar de que el departamento de Campanar ha explicado que la encuesta sociolingüística ya la realizaban los consells populares, Ventura afirma que se trata de un «instrumento más de seguimiento y presión a los docentes y a las familias que forma parte de la política dictatorial del tripartito para imponer el valenciano», lo que, en su opinión, busca «colonizar la educación».
Por otro lado, la derecha también ha usado la financiación autonómica para atacar al Consell con «agostidad». Isabel Bonig, la presidenta del PP autonómico, acusaba ayer a Ximo Puig de haber «bajado los brazos» ante el presidente Pedro Sánchez. «Puig ha vuelto a traicionar a los valencianos», apuntó Bonig, al «dejar su responsabilidad de defender los intereses de los valencianos». A pesar de que el Botànic ya intentó solucionar la infrafinanciación autonómica con los gobiernos de Mariano Rajoy, desde el PP aseguran que «si hoy estamos así es por el PSOE» y porque el Consell «nunca cogió el guante del PP». En la misma línea, el vicesecretario regional del PPCV, Rubén Ibáñez, acusó ayer al conseller de Hacienda, Vicent Soler, de «arrugarse» ante Sánchez.
Desde Cs, combinan ambos temas y Cantó declaraba hace tres días que el ejecutivo valenciano «no tiene reparos en gastar el dinero público en controlar el idioma de los colegios»; y el diputado Tony Woodward ya anticipaba que el tripartido tendrá «dificultades para aprobar las cuentas autonómicas» por «las luchas internas de poder y los egos».