Los servicios jurídicos del Colegio de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) estudian "proceder judicialmente" ante "la desprotección a la que se están viendo sometidos" sus profesionales para afrontar la pandemia del COVID-19 "debido a la falta de medios proporcionados por Sanidad".
El Cecova ha anunciado este jueves en un comunicado que "pone en manos de sus servicios jurídicos la desprotección de las enfermeras en la lucha contra la pandemia provocada por el COVID-19" después de que "tras una reunión mantenida con la Conselleria de Sanidad", haya "quedado clara la descoordinación entre Gobierno central y autonomías", una falta de eficiencia que genera "desamparo" entre sus profesionales.
La reunión citada se ha celebrado entre representantes del Cecova y de los colegios de Enfermería de Alicante, Castelló y Valencia con la secretaria autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público de la Conselleria de Sanidad, Isaura Navarro, y su objetivo era "solicitar información y exigir la puesta en marcha de medidas que garanticen, de una vez por todas, la seguridad de las enfermeras que están luchando contra la pandemia del COVID-19", explica la nota.
"Si bien la secretaria autonómica ha indicado que se ha empezado a repartir ya material de protección, desde la Organización Colegial hemos podido constatar cómo la falta de coordinación entre Gobierno central y autonomías ha hecho que se retrase la llegada del mismo, no habiendo podido acometer su compra la Comunitat Valenciana hasta que el Gobierno, que en un principio iba a ser el encargado, no dio vía libre a esta posibilidad, una descoordinación que se hace evidente también a nivel interno en la Conselleria, ya que la actuación que se está llevando a cabo en los distintos lugares de trabajo, tanto de Primaria como de Hospitalizada, no está siendo uniforme ni unificada", añade el comunicado.
En cuanto al material que la Conselleria afirma estar repartiendo, el colegio reconoce que, "además del material de protección, desde Sanidad se nos ha informado de la llegada de 6.000 test rápidos facilitados por del Gobierno, los cuales se destinarán, por este orden prioritario, a personal sanitario, fuerzas de seguridad y personal de residencias y también que se ha creado desde la Dirección de Salud Pública una comisión de seguimiento para valorar la situación tanto del personal sanitario, como de los residentes que están institucionalizados en las residencias de mayores, públicas y privadas".
Sin embargo, a estas quejas suma el reproche por la falta de un censo de profesionales sanitarios afectados por el COVID-19, que permitiría "actuar con mayor precisión en aquellos lugares donde su incidencia sea mayor", y también que Sanidad no tenga previsto incorporar a estudiantes y jubilados de Enfermería en la lucha contra la pandemia del COVID-19.
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