La Fiscalía eleva de 38 a 86 las residencias investigadas penalmente

La Fiscalía General del Estado (FGE) elevó en la jornada de ayer hasta 86 el número de residencias investigadas penalmente por el Ministerio Público como consecuencia de la situación creada por la pandemia y casi la mitad de ellas, un total de 40, se encuentran en Madrid. El pasado viernes informó de que las investigaciones por posibles delitos se limitaban a 38 centros de mayores.

Además, la Fiscalía añade que actualmente también constan abiertas 126 diligencias civiles, que se enmarcan en la labor tuitiva del Ministerio en relación con el amparo de los derechos individuales y colectivos de las personas en situación de vulnerabilidad.

Los datos, actualizados a fecha del lunes 20 de abril, son notablemente más elevados que los ofrecidos por esta misma institución el pasado viernes, cuando informó de que el número de diligencias penales en todo el país era de 38, un total de 19 en residencias situadas en Madrid.

Escenario variable

Fuentes de la Fiscalía atribuyen la diferencia a que no puede hablarse de una «foto fija» y adelantan que los datos pueden seguir variando según pasen los días, puesto que algunas diligencias son archivadas y otras dejan de contar para la Fiscalía al ser judicializadas. Así ocurre con dos investigaciones penales de las que se informó el pasado viernes en dos residencias de Murcia y otro centro en València, que han sido archivadas y ya no aparecen en el listado.

Así, según el último recuento se investigan penalmente 40 residencias en Madrid, una residencia en Zaragoza; una en Arrecife-Puerto del Rosario; siete en Castilla y León (una por la Fiscalía Superior, otra por la Fiscalía de Soria, una en Salamanca, una en León, y tres en Valladolid); 20 en Cataluña (18 en Barcelona, 1 en Lleida y 1 en Tarragona); cinco en Extremadura (una por la Fiscalía de la Comunidad, dos por la de Cáceres y dos por la de Badajoz); cinco en Galicia (una por la Fiscalía de la Comunidad, una por la Fiscalía de Lugo, dos por la de Orense y la quinta, por la de Pontevedra) y una en La Rioja.

Respecto a las civiles, las autonomías con más investigaciones en curso son Cataluña con 50, Castilla y León (15), Galicia (11), Andalucía (10) y en la Comunitat Valenciana (9).