P ¿Una época de crisis como la provocada por el coronavirus es sinónimo de mayor litigiosidad?
R Sin duda, la situación creada por la Covid-19 ha generado un mayor conflicto y tensiones entre los ciudadanos derivadas de las relaciones personales y familiares que los juzgados deben resolver, sin olvidar que la crisis económica derivada del confinamiento y del cierre de negocios tiene consecuencias económicas muy graves, impagos, incumplimientos contractuales, cierre de empresas, negocios etc…Todo esto lleva a más litigios.
P Tras dos largos meses de parón por el estado de alarma, ¿la Justicia está preparada con los medios actuales para ese repunte de los litigios?
R La mayor parte de las medidas son estéticas y no abordan de forma real el problema, que será muy grave tras el verano.
P ¿Cómo cree que ha aumentado la demora media en los señalamientos de los juzgados?
R Se han suspendido cerca de 20.000 señalamientos y actuaciones judiciales durante estos meses de confinamiento, que junto a los nuevos procedimientos judiciales que están pendientes de tramitar derivados de la Covid-19 llevarán a un colapso judicial difícil de prever.
P Se muestra muy pesimista ante la situación que se avecina en un futuro próximo.
R Creo que va a ser muy negativa para la Administración de Justicia, la lentitud enquistada en Justicia será todavía peor, nos veremos incursos en un aluvión de demandas y procedimientos judiciales.
P ¿Cual sería la solución?
R La Administración de Justicia debe implantar el expediente electrónico de forma urgente, debe ser una prioridad absoluta. Se necesitan más salas de vistas, las actuales son insuficientes, no podemos señalar con distanciamiento temporal para evitar aglomeraciones con el mismo número de salas. Igual que se han creado hospitales de campaña, debemos crear salas de vistas nuevas que permitan celebrar más juicios y mantener el distanciamiento social.
P El TSJ ha dejado sin efecto el sistema de cita previa para acceder a los juzgado. ¿Hay alguna alternativa a limitar el acceso a los juzgados y, en su caso, se puede limitar?
R Los abogados y procuradores debemos acceder de forma libre a los juzgados como parte del derecho de defensa que tienen los ciudadanos, no puede limitarse un derecho que es fundamental para el ejercicio de defensa y la tutela judicial efectiva. Se puede y se deben cambiar las leyes procesales que permitan más actuaciones telemáticas, y poner medios económicos que permitan el expediente electrónico, de forma que no sea precisa la presencia física en sede judicial.
P Una de sus primeras reivindicaciones con la declaración del estado de alarma fue la posibilidad de asistir a los detenidos por medios telemáticos o telefónicos, que finalmente se ha implantado. ¿Este sistema ha llegado para quedarse?
R Me temo que no, lo que percibo es una vuelta progresiva a los hábitos presenciales en las actuaciones conforme el estado de alarma decae.
P ¿Disponen las comisarías o cuarteles de los medios necesarios?
R Sí, actualmente la mayoría de los centros de detención tienen medios tecnológicos para poder realizar las videoconferencias, requiere voluntad por parte de todos.
P También esta crisis sanitaria ha propiciado la celebración de juicios telemáticos. ¿Cree que se va a profundizar en esta línea?
R Se debería, entiendo que existen actuaciones procesales que pueden llevarse a cabo, tales como audiencias previas en procedimientos civiles o declaraciones, conciliaciones, etc…. que no requieren la presencia física en el juzgado. Se han realizado juicios rápidos y declaraciones durante el estado de alarma, no obstante, me temo que esta tendencia está desapareciendo.
P ¿La crisis puede ser un punto de inflexión para la modernización de la justicia?
R Es un momento esencial, es un lujo que no podemos permitirnos, si dejamos pasar este tren, las consecuencias serán muy negativas.
P Durante la crisis sanitaria ha estrenado el cargo como presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué pueden hacer por mejorar la justicia?
R Como presidente del Consejo Valenciano creo fundamental poner el valor la figura del abogado como una figura fundamental en la resolución de conflictos, no solo en el seno del procedimiento judicial, sino como un profesional capaz de dar la mejor solución, unas veces judicial otras extrajudicial, mediación, arbitraje etc… Desde la abogacía de la Comunitat Valenciana tenemos la obligación de dar respuestas eficaces a los ciudadanos y ser exigentes con la Administración de Justicia.
P Como decano del Colegio de Abogados de Alzira, ¿cómo valora la situación de los juzgados de la situación en comparación con el resto?
R Es necesaria una mayor inversión, no podemos continuar como hasta ahora, es necesario crear un nuevo juzgado en Alzira, necesitamos más salas de vistas que permitan afrontar con garantías las nuevas necesidades derivadas de la Covid-19.
P ¿Confía en recuperar el juzgado de lo penal que el TSJ y la conselleria trasladaron a València?
R En los actuales tiempos en los que tenemos que acercar la Justicia al ciudadano, no se entiende la postura de centralizar en la capital de provincia los servicios. Ahora más que nunca se ha visto la necesidad de evitar la concentración de personal en edificios enormes como la Ciudad de la Justicia de València. Cuanto tanto se habla del aforo de estos edificios no puede entenderse la postura contraria a la descentralización. Soy muy escéptico con el actual planteamiento del TSJ.
P Como experto en Derecho Cooperativo y árbitro del Consejo Valenciano de Cooperativismo y en un contexto marcado por los acuerdos de fusión o colaboración entre cooperativas, cómo valora el futuro de estas entidades agrícolas.
R Creo que el sector está apostando por los acuerdo intercooperativos en el sector agroalimentario, como una forma de cooperación eficaz entre cooperativas con intereses comunes. Sinceramente, pienso que es la fórmula jurídica mejor para la actual situación de las cooperativas agroalimentarias, permite mantener las estructuras de la cooperativa de base, y al mismo tiempo comercializar juntas la actividad cooperativizada de sus socios, consiguiendo una mejor liquidación a los socios.
