Adecuar las residencias de mayores para cumplir con las exigencias del Gobierno en materia de seguridad ante la crisis sanitaria generada por la covid-19 acarrea un coste. Sin embargo, ni los usuarios ni sus familias están dispuestos a pagar «un extra» por ello y lamentan que la multinacional Colisée -que cuenta con 25 residencias en la Comunitat Valenciana con la marca de La Saleta- haya instado a los usuarios a abonar 85 euros al mes de forma temporal como consecuencia de la pandemia.
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La abogada de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, Sandra Casas, afirma que «lo fácil» y «rápido» para las empresas «es pedirle ese dinero a los usuarios pero son ellos los que deben hacerse cargo de los gastos de esta pandemia, aunque su margen de beneficios sea menor. La otra alternativa es pelearse con la Administración para que cubran ellos el coste pero en ningún caso debe correr a cuenta del usuario, faltaría más. Que negocien el precio por plaza, que pidan unanimidad en los criterio sobre el reparto de material de protección o lo que quieran, pero, claro, la opción sencilla y rápida es pedírselo al usuario y si cuela, pues cuela».
Para el coordinador de la entidad, Emilio García, pedirle el dinero «extra» al usuario supone «aumentar la presión de las familias que pueden temer represalias del centro si no abonan lo que les piden o pensar que si no pagan lo que toca su mayor no estará protegido o atendido. Ya sea voluntario o no, es algo que no se debe consentir. Que negocien con la Administración, pero no con las familias».
Tanto Casas como García recalcan que es «la Administración quien debe vigilar que no se cobre ningún extra porque es su responsabilidad».
«Hay que mejorar la atención»
El Defensor del Mayor de València, José Pelegrí, lamenta que una multinacional se haya planteado ya la medida. «Hay residencias que han trabajado estupendamente bien en la pandemia y yo podría poner de ejemplo una gestionada por monjas, por ejemplo. Pero hay otras que no, que dejan mucho que desear, que no han tratado bien a los mayores. A veces no todo es una cuestión de dinero. Hay muchas carencias en las residencias, pero los usuarios ya pagan lo que les corresponde y pagar un extra por la covid me parece una barbaridad. No aceptamos un impuesto nuevo».
Cabe recordar, que Facua-Consumidores en Acción ya ha anunciado que presentará denuncias contra los centros de mayores que carguen a los usuarios un pago extra por el material de protección y seguridad apliquen en sus instalaciones. La organización considera que se trataría de «abusivo e ilegal».