El presidente de la patronal mayoritaria de residencias de la C. Valenciana, José María Toro, protagonizó ayer una de las comparecencias más incómodas para el Botànic en la comisión de reconstrucción de las Corts. El dirigente del colectivo empresarial no escatimó en críticas hacia la administración autonómica por la gestión de la pandemia en los centros de mayores. La confrontación generada tras la intervención evidenció la fractura entre el sector que aglutina a la mayoría de empresas gestoras de geriátricos y los partidos del Consell, que a su vez recriminaron a Toro su falta de autocrítica.
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De fondo alumbró el debate sobre el modelo residencial. El presidente de Aerte negó que este factor haya sido la causa de lo sucedido en los centros y pidió que no se demonice a las empresas concesionarias, mientras que Podem -la formación más beligerante- cargó contra el «fracaso» del modelo y, junto al resto de fuerzas del gobierno autonómico, compartieron la necesidad de impulsar cambios profundos, poniendo el acento en potenciar la inversión pública frente a la estructura actual, «muy privatizada».
«Hemos vivido una crisis sanitaria y lo que ha fallado es el sistema de salud, que necesita más refuerzo y un mayor esfuerzo económico», replicó por el contrario Toro, que comenzó exponiendo la falta de información previa y el retraso de la administración en ordenar el cierre de las residencias una vez decretado el estado de alarma, para continuar denunciando la escasez inicial de medios de protección que todavía persiste en algunos servicios y materiales, como es el caso de los guantes.
En cualquier caso, el dirigente recalcó que menos de la mitad de centros de mayores han registrado casos confirmados e hizo hincapié en que el porcentaje de residentes fallecidos en la C. Valenciana (el 2%) se sitúa por debajo de la mayoría de comunidades de España y de países vecinos.
Otro elemento «fundamental» señalado por Toro es la carencia inicial de pruebas de detección, junto la «falta de coordinación» que a su juicio ha existido entre las conselleries de Sanidad y Políticas Inclusivas, con órdenes «contradictorias» y protocolos en su opinión poco efectivos. «Hemos trabajado a ciegas, no sabíamos quién tenia o no la enfermedad y no se ha podido garantizar una adecuada atención sanitaria».
El presidente de Aerte censuró los problemas para derivar a determinados residentes a los hospitales en los momentos de colapso del sistema sanitario, a tiempo que se mostró muy crítico con el déficit de personal, entre otras razones por la movilidad de trabajadores llamados por Sanidad a reforzar los hospitales a través de las bolsas de empleo temporal. Toro advirtió de que si se desincentiva la inversión privada, las comunidades autónomas «no podrán atender solas» las residencias por la falta de recursos públicos. «La administración debería hacer un esfuerzo fomentando la inversión pública y la privada», remachó. Desde el sector volvió a insistirse en la demanda de que se cree un grupo de trabajo junto a las consellerias de Igualdad y Sanidad para estudiar a fondo los problemas. Toro, que pidió que se realicen pruebas periódicas cada 15 días en las residencias, que se doten más recursos a la atención primaria y un protocolo unificado de información, también reiteró que los centros se han sentido «solos» y apuntó a la falta de interlocución con la Conselleria de Igualdad: «No hubo reuniones en los dos peores meses», dijo. Desde el departamento que dirige Mónica Oltra, sin embargo, negaron las acusaciones mostrando una relación de 89 interacciones para señalar que el contacto con el presidente del lobby de empresas residenciales «ha sido constante».
Los tres partidos del Botànic dirigieron la misma crítica al presidente de Aerte. «He echado en falta en qué cosas los empresarios de las residencias han fallado», señalaron en la bancada socialista. En Compromís pusieron en valor el trabajo del Consell para mejorar las condiciones del sector y sugirieron que quizás lo que ha fallado no son los protocolos, sino la forma de aplicarlos por las empresas.
«Culpabilizar a las residencias no tiene sentido porque no estaban preparadas», respondió José María Toro, que limitó los cambios impulsados en los últimos cinco años y habló del retraso en la construcción de nuevos centros. Tras la intervención, Cs reiteró su petición de una comisión de investigación sobre las residencias y el PP dijo que se actuó «tarde y mal».
En cambio, antes de Toro, el presidente de la Asociación Ciudadana para la Promoción y Defensa de la Salud, Eduardo Zafra, abogó por revertir el «sistema sanitario low cost» de las residencias para apostar por un modelo «más público que privado» y más coordinado. Zafra hizo hincapié en la «rotación laboral enorme» del sector sociosanitario porque los profesionales «no están bien pagados y muchas veces no tienen la formación adecuada», sentenció.