La Plataforma de Afectados por la Hipoteca llevó ayer al juzgado número 5 de Llíria el escrito de paralización para la orden de desahucio uno de los casos más multitudinarios que ha defendido: la expulsión de 38 familias, un centenar de personas, de dos edificios de La Pobla de Vallbona. La situación es enrevesada ya que al promotor de uno de los edificios, donde más familias residen, le fue embargado el inmueble por una entidad bancaria y pese a todo estuvo cobrando el alquiler de varias familias ya cuando el edificio no era de su propiedad. Una estafa que ahora deja sin nada a los inquilinos que tampoco podrán presentarse como acusación particular al no tener un contrato de arrendamiento que acredite su implicación en la causa. De hecho, a efectos legales, estos inquilinos son okupas.

Así lo explicó la directora general de Emergencia Habitacional, Purificación Peris, quien señaló a este diario que «lamentablemente» el alzamiento judicial «es correcto» porque los inquilinos «no tienen título», es decir, un contrato de arrendamiento oficial, sino que fueron realizados verbalmente y cobrados sin declarar, «una estafa», lamenta la directora general.

Para tratar de revertir esta situación, la conselleria está negociando a tres bandas. Ayer envió el informe de vulnerabilidad a la empresa gestora de este inmueble, Haya Real State, aunque son conscientes de que la última palabra «la tiene el juzgado».

Tanto la PAH como el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona tratan de buscar una solución habitacional a las 38 familias, la mayoría vulnerables.