Llevan años denunciando que la Iglesia estaba inmatriculando bienes inmuebles sin cumplir con el mismo trámite que el resto de los mortales, lo que suponían un "expolio" al patrimonio de la ciudadanía. Por eso se unieron en una entidad que aglutina a 20 colectivos (la Coordinadora Estatal para la recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica Recuperando), denunciaron los casos que fueron conociendo y esperaban un listado y una actuación del Gobierno al respecto ya que la Iglesia no daba ninguna información sobre lo que tenían ni sobre cómo lo habían adquirido. Ayer el Gobierno hizo público un listado que afirma que entre 1998 y 2015 hubo 34.961 inmuebles inmatriculados de la Iglesia y aunque abre la vía a posibles reclamaciones sobre la titularidad de miles de ellos, las asociaciones que defienden el patrimonio público se revuelven ya que "si hay bienes que no se reclaman se da por hecho que son de la Iglesia". Además, califican de "absoluto insulto" y de "una gran trampa" que sean los ayuntamientos, entidades o particulares quienes tengan que reclamar en el juzgado y litigar con la Iglesia.
"Nos parece un absoluto insulto. Están promoviendo 35.000 litigios ante los tribunales. Es la gran trampa", asegura le portavoz de la entidad Andrés Valentín, quien cuestiona que miles de municipios de pocos habitantes tengan capacidad para litigar procesos que se prologan "durante 20 años". De este modo, el portavoz de la coordinadora opina que es "orientarlo a un callejón sin salida" y que es necesaria es una solución normativa, ya sea vía ley o decreto, que "retorne los bienes a la situación anterior a la inmatriculación" para que sea la Iglesia la que presente la documentación necesaria. "No se puede dar por bueno algo que se ha dado al amparo de la normativa franquista", subraya.
Desde la asociación Europa Laica, el portavoz Juanjo Picó muestra su "satisfacción por que, por primera vez, se haya publicado el listado". Sin embargo, añade que "el resto son grandes peros". En primer lugar, Picó lamenta que "solo cubre" los 34.961 bienes inmatriculados desde 1998, cuando la asociación los cifra en más 100.000 desde 1946. Además, el portavoz de la entidad critica que este listado no incluya todos los datos registrales de los bienes inmuebles, por lo que los considera claramente "incompletos". Sin embargo, lo que más preocupa a Juanjo Picó es que el Ejecutivo traslade la iniciativa de reclamar a la ciudadanía. "Esto es una salida en falso. Nadie espera que haya 34.000 reclamaciones judiciales. Ningún particular se lo puede permitir", señala, al tiempo que insiste en que es "un problema de Estado" y en que "el Gobierno tiene que dar una solución global". Finalmente, Juanjo Picó defiende un proceso que arranca con la publicación completa del listado de bienes; la anulación de las inmatriculaciones realizadas; y la reclamación para el dominio público del patrimonio que corresponda, y el resto aportando la documentación acreditativa de la titularidad.
La Conselleria de Transparencia, por su parte, le va a solicitar al Ministerio de Justicia un listado con los inmuebles que "pueden ser susceptibles de ser patrimonio publico". Además, le va a pedir una reunión y colaboración al colegio de Registradores para "acceder a la información de los inmuebles que puedan ser susceptibles de reclamar ya que el informe del Gobierno no incluye la nota simple de los bienes y esa información nos la deben proporcionar ellos". Desde el colegio de Registradores, sin embargo, no esperan "aluvión" alguno de solicitudes de notas simples de los inmuebles que aparecen en el listado que ha hecho público el Gobierno.
El término jurídico -denominado "inmatriculación" consiste en inscribir a nombre de la Iglesia propiedades que se "presuponían" del clero pero que no estaban registradas a su nombre. La "inmatriculación" era una práctica habitual desde 1946, aunque se realizaba de forma discreta. Los obispos podían emitir certificaciones de dominio como si fueran funcionarios públicos. Es decir, se permitía a la Iglesia inmatricular bienes tal y como pueden hacerlo las Administraciones Públicas. Solo se precisaba una certificación del obispo, sin estar obligado a hacerlo público por edicto ni a pagar el impuesto de transmisión patrimonial. El obispo daba fe de que el bien pertenecía a la Iglesia y punto. Este privilegio, además, se amplió en 1998 cuando el Gobierno —presidido por aquel entonces por José María Aznar— modificó la Ley y el Reglamento Hipotecario y suprimió el artículo 5, que impedía que pudieran hacer lo propio con edificios de culto, iglesias, catedrales o ermitas. Así y hasta marzo de 2015 —momento en el que el Congreso eliminó este privilegio— la Conferencia Episcopal solicitó a los arzobispados que pusieran "los bienes de la Iglesia en orden", tal y como aseguraron en su día las diócesis que registraron a su nombre la mezquita de Córdoba (por 29 euros) o la Basílica de la Virgen de Valencia, por ejemplo, por el que no se pagó ni un céntimo de euro.
