La expulsión del diputado provincial Carlos Gil después de ser procesado por un caso de presunta violencia de género puede salirle al PP más cara de lo que pensaba. La decisión del también alcalde de Benavites de aferrarse al acta no solo ha restado peso a los populares en el pleno y en las comisiones informativas de la Diputación de València, sino que también va camino de dejar al grupo sin uno de sus ocho asesores.
Esta es la posibilidad que ayer planteó el presidente de la corporación, Toni Gaspar, en el marco de una junta de portavoces extraordinaria reunida para abordar una serie de cambios necesarios en el organigrama provincial a raíz de la reconversión de Gil como diputado no adscrito. Antes de tomar una decisión cuya potestad le corresponde, Gaspar quiso escuchar la opinión de todos los partidos. No hubo sorpresas: tanto el PSPV, como Compromís y La Vall ens Uneix se posicionaron a favor de la retirada del asesor al PP, mientras que los populares, Ciudadanos y Vox se mostraron contrarios a la propuesta.
Aún así, Gaspar optó por aplazar la resolución, a la espera de un informe que aclare las dudas respecto a cómo debe interpretarse el Pacto Antitransfuguismo en este caso y si al PP le toca sacrificar no a uno de sus cargos de confianza en la corporación provincial. El acuerdo entre portavoces al inicio de la legislatura asignaba a cada grupo de la oposición un asesor por cada diputado. Ahora el PP se ha quedado con un representante provincial menos, con lo que el bloque de gobierno entiende que no debería de gozar de los mismos derechos. En cambio, la amenaza de recortes es muy cuestionada en las filas populares. Fuentes del partido la observan como un castigo excesivo que les dejaría doblemente perjudicados por haber expulsado a su diputado en aplicación del código ético. Según el acuerdo antitransfuguismo, los grupos disminuidos en su composición no deberían sufrir merma institucional en los medios y asignaciones económicas y administrativas que le correspondiesen con anterioridad, con lo que en teoría el PP debería conservar los 5.000 euros de la asignación que corresponde al diputado perdido, si bien la supresión del asesor implica también ingresos extra (cobran 41.600 €). En la junta de portavoces de ayer se trató el relevo de Gil como representante del PP en las empresas de la diputación y la pérdida de uno de los tres vocales de los populares en las comisiones informativa. Los cambios han de validarse en un pleno extraordinario.