El cierre de una mercantil pública que emplea a 600 trabajadores no puede tomarse a la ligera. La decisión de liquidar Divalterra se apoya en un extenso informe sellado el martes por los tres funcionarios de mayor rango en la vigilancia del cumplimiento normativo de la Diputación de València.
El documento, que aboga por devolver a la corporación provincial las funciones y servicios que tenía encomendados a la empresa pública -a excepción de las brigadas, que serán absorbidas por el Consorcio de Bomberos- dedica un amplio apartado a analizar el «conflictivo» encaje de los trabajadores que entraron a la firma sin pasar ningún proceso selectivo, situación en la que se encuentra la mayoría de la plantilla. La conclusión es que ha de seguirse la jurisprudencia europea que en 2019 blindó los derechos laborales y la posición laboral del personal sometido a este tipo de subrogaciones, de forma que los empleados con contrato indefinido en Divalterra cuyos servicios terminen adscribiéndose a la diputación podrían mantenerse como tales hasta el final de su vida laboral conservando los mismos derechos y las retribuciones reguladas en su actual convenio.
Como ocurre con el personal subrogado del hospital de Alzira tras la reversión, los trabajadores de la empresa provincial no tendrán la consideración de empleados públicos a no ser que la corporación saque las plazas a concurso-oposición para su cobertura mediante criterios de publicidad, mérito y capacidad. En ese caso, si superan las pruebas de aptitud, podrían convertirse en funcionarios.
Bajas incentivadas
Ahora bien, el informe hace hincapié en que la diputación puede mantener la relación laboral existente sin tener que sacar los puestos a convocatoria pública. El presidente de la institución ha garantizado a los empleados de Divalterra que todos podrán conservar sus puestos con los mismos derechos, aunque se baraja ofrecer bajas incentivadas al personal de mayor edad para facilitar prejubilaciones.
Teniendo en cuenta que el 90% del personal de la empresa pública son brigadistas que quedarían adscritos al Consorcio de Bomberos -una fusión que permitirá un ahorro administrativo y una mayor coordinación- el informe señala que solo 27 personas se incorporarían directamente a los servicios de la diputación. Los contratados de manera temporal e indefinida que han accedido a través de una convocatoria pública a Divalterra se quedarán como laborales temporales y empleados públicos respectivamente. Los altos directivos se integrarán como personal laboral en las mismas condiciones y derechos que tenían en la empresa pública.
